Las autoridades camerunesas anunciaron medidas contra 146 empresas que ya no tendrán acceso a los mercados públicos porque están bajo sospecha de «fraude, corrupción y apropiación de fondos públicos».
No se informó si se tomaron medidas adicionales contra los empresarios afectados, que en el pasado varias veces han eludido la prohibición simplemente cambiando el nombre y los directivos de la empresa.
La presión del gobierno parece estar dirigida a hacer frente al problema de las obras públicas contratadas, que formalmente fueron licitadas, pero cuya construcción no es efectuada en realidad. Por este fenómeno se han producido frecuentes intercambios de acusaciones entre el sector privado y las autoridades. Los empresarios sostienen que el abandono de las obras se debe a la falta de pago de parte de la administración del Estado.
MISNA (Fundación Sur)
