La condena a cuatro años de cárcel de Bernard Ntaganda, presidente fundador del partido de oposición PS-Imberakuri, atenta a la libertad de expresión y a la democracia, ha declarado HRW.
El 11 de febrero, La Corte Suprema de Kigali ha juzgado a Bernard Ntaganda acusado de atentado contra la seguridad del Estado, “divisionismo” (incitación a la división étnica) e intento de organización de manifestaciones sin autorización oficial. El tribunal lo ha condenado a cuatro años y al pago de una multa de 100.000 francos. Las acusaciones se deben a las críticas públicas al gobierno realizadas por el dirigente del PS-Imberakuri, que nunca ha incitado a la violencia en sus declaraciones.
Por otro lado, tres miembros de las FDU-Inkingi, otro partido de la oposición, han sido condenados también a pagar una multa de 100.000 francos por haber tratado de organizar una manifestación no autorizada, mientras otro miembro del PS-Imberakuri ha sido absuelto.
El veredicto cae una semana después de que dos periodistas fueran condenadas a penas de 17 y 7 siete años por haber publicado en el periódico independiente Umurabyo artículos críticos con el gobierno y con el presidente Paul Kagame. La Corte Suprema ha considerado que al publicar esas críticas, las periodistas incitaban a la población a rebelarse contra el Estado y que en consecuencia atentaban contra el orden público. La redactora jefe del periódico ha sido acusada igualmente de «minimizar» el genocidio y de «divisionismo». Estas dos periodistas estaban detenidas desde julio de 2010.
“Se trata, evidentemente, de procesos políticos”, ha declarado Daniel Bekele, director de la división África, de HRW. “Bernard Ntaganda, sus colegas y las periodistas, lo mismo que otros hombres y mujeres de Ruanda, pagan un pesado precio por haber osado expresar sus opiniones”.
Bernard Ntaganda, crítico con el gobierno, caracterizado por su claridad en el lenguaje, fue detenido en junio de 2010, semanas antes de las elecciones presidenciales del 9 de agosto. Ni su partido, ni las FDU-Inkingi, ni el Partido Verde fueron autorizados a participar en las elecciones ganadas por Paul Kagame con el 93% de los votos. El PS-Imberakuri era el único de los tres que había logrado registrarse, pero el partido en el poder, el FPR, y disidentes del PS lograron sustituir a Ntaganda y colocar a gentes complacientes con el poder. Ntaganda y los miembros fieles fueron objeto de intimidaciones y hostigamiento. Fueron amenazados y algunos optaron por el exilio. Otros siguen detenidos y encarcelados.
“Esta persecución judicial muestra que el gobierno ruandés no admite crítica alguna ni la más pequeña oposición, a pesar de sus compromisos a favor de la libertad de expresión y del pluralismo”, ha declarado Daniel Bekele. “El sistema judicial es utilizado para hacer callar la disidencia e intimidarla”.
Human Rights Watch ha hecho un llamamiento para que el gobierno ruandés autorice que los partidos de la oposición, los periodistas, los ciudadanos, expresen sus opiniones y/o críticas sin temor; para que se garantice la independencia del poder judicial; para que se revise la legislación relativa a “la ideología genocida”, para evitar una utilización abusiva de la misma con fines políticos; para que se modifique la ley relativa a los medios de comunicación.
El procesamiento de Bernard Ntaganda y de los periodistas de Umurabyo son ejemplos de un sistema represivo. Esta represión se ha intensificado a lo largo de 2010 con la suspensión de dos periódicos, asesinato de periodistas y de dirigentes de partidos opositores, como André Kagwa Rugambage del Partido Verde y con las amenazas y detenciones de personas opositoras o simpatizantes con la oposición. La represión no ha disminuido después del proceso electoral.
Las acusaciones de “ideología genocida” y de “divisionismo” han sido utilizadas por el gobierno para amordazar todas las críticas y las acusaciones de atentar contra la seguridad del Estado o contra el orden público se formulan también para acallar a los opositores.
Victoire Ingabire, presidenta de las FDU-Inkingi, fue detenida el 14 de octubre de 2010 y espera su procesamiento. Su petición de liberación bajo fianza ha sido rechazada varias veces. Fue detenida en primer lugar en abril, acusada de colaboración con grupos armados, “de ideología genocida” y de divisionismo”, y puesta en libertad bajo fianza con prohibición de viajar. Las acusaciones actuales en su contra, que deberán ser confirmadas por la fiscalía, son, al parecer, la de formar un grupo armado y la de atentado contra la seguridad. Los miembros de su partido son objeto de permanentes amenazas e intimidaciones.
En enero de 2011, cuatro antiguos miembros del gobierno y oficiales del ejército, ahora detractores del gobierno – Faustin Kayumba Nyamwasa, Patrick Karegeya, Gerald Gahima y Théogène Rudasingwa – han sido juzgados en rebeldía y condenados a 20 y 24 años, por atentado a la seguridad del Estado, disturbios públicos, “divisionismo”, difamación y organización de una red criminal.
Individuos menos relevantes y no ligados a la política han sido condenados a pesadas penas por haber criticado la política del gobierno. Es el caso del sacerdote Émile Nsengiyumna, de Ruamagana, detenido a causa de un sermón pronunciado en Navidad en el que se oponía a la destrucción de casas con cubierta vegetal (ramas y paja, llamadas nyakatsi) y a las propuestas sobre planning familiar. En enero de 2011, compareció ante un tribunal acusado de atentado contra la seguridad del Estado y espera su procesamiento.
(A partir del comunicado de Human Rights Watch 12/02/2011)
Traducción y resumen de Ramón Arozarena.
