Burundi tiene desde el pasado 12 de noviembre su primer Ombudsman, o defensor del pueblo, previsto por el acuerdo de Arusha, para la paz y la reconciliación en Burundi, firmado el 28 de agosto de 2000.
Mohamed Rukara ha sido elegido por la Asamblea Nacional para ocupar este cargo durante un mandato de seis años, y después aprobado por el Senado, tal y como establece la constitución. Según ésta, el Ombudsman “recibe denuncias y lleva a cabo investigaciones sobre mala gestión y violaciones de los derechos de los ciudadanos, cometidos por los agentes de la administración pública y judicial, y hace recomendaciones al respecto, a las autoridades competentes”.
Además, el Ombudsman tiene la misión de asegurar “la mediación entre la administración y los ciudadanos y entre los ministerios y la administración, y tiene el papel de observador del funcionamiento de la administración pública”.
La elección del defensor del pueblo se hizo con la ausencia de los diputados de la oposición, del partido Unión para el Progreso Nacional, UPRONA, porque consideran que Rukara no puede ejercer la neutralidad que se exige para el cargo por ser uno de los más influyentes miembros del partido en el poder.
Otros medios destacan este boicot de la oposición, para la elección del Ombudsman de Burundi, argumentando que el partido en el gobierno ha “impuesto a su candidato”. Los 17 parlamentarios de Uprona y los tres que representan a la minoritaria comunidad twa, salieron de la cámara, antes de la votación.
Para la aprobación del nombramiento se necesitaba una mayoría de las tres cuartas partes del parlamento. El resto de las fuerzas políticas de oposición de Burundi, no están representadas en el parlamento, porque boicotearon las elecciones de este año, que según ellos, fueron amañadas por el presidente Pierre Nkurunziza y su partido.
(ARIB/Burundi Realities, Burundi, 11-11-10)