El banco francés BNP Parisbas ha sido denunciado por víctimas sudanesas de crímenes de guerra de ser cómplice del régimen de Sudán en los abusos contra los derechos humanos cometidos por éste. Se considera que la entidad acusada estaba actuando como el banco central de facto del régimen del expresidente Omar al-Bashir, permitiéndole el acceso a los mercados financieros.
No es la primera vez que el BNP Parisbas tiene problemas legales a causa de sus tratos con Sudán. En 2015, un juez de los Estados Unidos condenó al banco a cinco años de libertad condicional y lo multó con casi 9 mil millones de dólares después de que se declarase culpable de violar las sanciones de los Estados Unidos contra Sudán, Irán y Cuba.
Sin embargo, de acuerdo con los activistas de derechos humanos, la última denuncia parece ser diferente ya que supone el primer esfuerzo por responsabilizar penalmente al banco por su presunta complicidad en crímenes contra la humanidad, genocidio y tortura en Sudán entre 2002 y 2008.
El Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Bashir por cargos de genocidio en la región de Darfur, en Sudán, y por sus crímenes de guerra, pero no ha podido procesarlo en La Haya. El líder derrocado está siendo juzgado en su país de origen por cargos de corrupción.
Cynthia Tai, directora ejecutiva del proyecto Expedite Justice, uno de los grupos de derechos que apoyan a las víctimas sudanesas en el caso, ha declarado que estos crímenes no ocurren porque sí: «se producen porque las personas pueden comprar armas, camiones y las herramientas que necesitan para cometer estas graves violaciones».
Ante las acusaciones, el BNP Parisbas no ha hecho apenas declaraciones. Ante las preguntas de la agencia de noticias AFP al portavoz del banco éste alegó desconocer que se había abierto una investigación criminal, por lo que no hizo comentarios sobre los procesos judiciales.
Este no es el primer esfuerzo para responsabilizar a empresas francesas por abusos de derechos cometidos en el extranjero. Otro de los casos más notorios es el del fabricante de cemento Lafarge, que está siendo investigado por las autoridades por pagar al grupo Estado Islámico para mantener sus fábricas en funcionamiento en las zonas que controlaba en Siria.
Fuente: VOA
[Traducción y edición, S. Ruiz Mínguez]
[Fundación Sur]
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