El Gobierno alemán adoptó ayer un controvertido proyecto de ley para acelerar el proceso de expulsión de miles de solicitantes de asilo, sobre todo a partir del atentado perpetrado en Berlín por un inmigrante tunecino en diciembre. Las medidas, que todavía tendrían que ser aprobadas por el Parlamento, tendrían un plazo de dos semanas para ser llevadas a cabo entre los estados regionales y el gobierno federal y así poner en práctica las expulsiones.
Aunque con destinatarios distintos, estas medidas se producen al mismo tiempo que las de la administración de Donald Trump, que quiere deportar a la totalidad de los 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
A pocos meses de las elecciones de septiembre, en las que la canciller Merkel se presentará para un cuarto mandato consecutivo, la alemana pretende demostrar mayor firmeza, pues ha sido fuertemente criticada por un sector todavía más conservador en su país, que la acusa de abrir las fronteras a más de un millón de inmigrantes entre 2015 y 2016.
El texto tiene la intención de acelerar y facilitar las expulsiones de los solicitantes de asilo que hayan sido rechazados, como es el caso de Anis Amri, autor del atentado con un camión en Berlín, que no pudo ser deportado por, según la administración, la falta de cooperación de las autoridades de Túnez.
Concretando las medidas, Alemania aumentará de cuatro a diez días el tiempo de detención a los inmigrantes rechazados y que sean considerados como potencialmente peligrosos por parte de la policía. También se permitiría el uso de brazaletes electrónicos en casos concretos o se abriría la posibilidad de acceder a los datos contenidos en los teléfonos móviles de aquellos solicitantes de asilo sobre cuya identidad se dude. La izquierda ya ha criticado estas medidas por considerarlas una violación de los derechos humanos o de la esfera privada y de intimidad de las personas.
Petter Altmaier, el brazo derecho de Merkel en la cancillería, defendió su postura: «Hay millones de personas en Afganistán que van de manera normal a la escuela o al trabajo. Que llevan una vida familiar normal, tal vez no tan buena como la de Alemania, pero hay muchas regiones y ciudades en las que podrían vivir con seguridad».
En 2016, 80.000 personas fueron deportadas o abandonaron Alemania voluntariamente, frente a las 50.000 del año anterior.
Fuente: le360
[Traducción y edición, Mario Villalba]
[Fundación Sur]
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