Construir viviendas y prestar servicios para prevenir disturbios y confrontaciones es la filosofía de la inversión de 2.100 millones de rands (unos 150 millones de euros) en tres años que anunció el gobierno de Sudáfrica para las zonas mineras.
El Ejecutivo identificó 14 comunidades que enfrentan situaciones difíciles. Los fondos se utilizarán para construir viviendas y mejorar las condiciones de vida de la población. Una de las ciudades que será alcanzada por la medida es Rustenburg, Provincia del Noroeste. Cerca de allí se encuentra la mina de Marikana, donde, en agosto de hace dos años, 44 mineros fueron asesinados por la policía durante una huelga y donde este año otra protesta por cuestiones salariales duró cinco meses, con duras consecuencias para las condiciones de seguridad.
Los expertos del gobierno creen que parte de la violencia se deriva de las condiciones de vida de los trabajadores, que a menudo viven en campamentos de chozas cerca de los pozos de las minas. Por este motivo se tomó la decisión de asignar fondos para mejorar la situación social.
Según el ministro de Minas, Ngoako Ramathlodi, la participación del gobierno “no reemplazará las obligaciones de las empresas mineras”, que deben proporcionar una gama de servicios a las comunidades locales, según establecen los acuerdos con las autoridades.
Fuente MISNA Fundación Sur
