El Tribunal patrocinado por las Naciones Unidas que se encarga de juzgar a los sospechosos de haber participado en el genocidio de 1994, en Ruanda, ICTR, debe acusar a los miembros del antiguo grupo rebelde, el FPR, en el poder del país desde el final del genocidio, para preservar su legitimidad, según un grupo de derechos humanos.
La organización Human Right Watch ha declarado que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda debería procesar casos contra el Frente Patriótico Ruandés. “Hasta la fecha el tribunal ha juzgado sólo a líderes conocidos, responsables del genocidio de 1994, pero no ha tenido casos contra ningún miembro del FPR, a pesar de existir jurisdicción para perseguir estos crímenes”, señala HRW.
HRW advierte que el que el tribunal no juzgue los crímenes cometidos por el FPR, da la impresión de que está administrando la justicia del vencedor, según el director ejecutivo de la organización, Kenneth Roth. “Eso sería un mal legado de este histórico esfuerzo de justicia internacional”.
El día 2 de junio, el fiscal jefe del tribunal, Hassan Bubacar Jallow, y su presidente, Dennis Byron, informaron al Consejo de Seguridad de la ONU sobre el trabajo del tribunal, durante los últimos seis meses.
HRW asegura que los crímenes cometidos por el FPR están bien documentados. De las 800.000 personas masacradas en 100 días de genocidio, entre 25.000 y 45.000 civiles fueron asesinados por el antes grupo rebelde, FPR.
“El ICTR ha juzgado sólo a las personas que pertenecías a un bando”, afirma HRW, recordando que el tribunal internacional para la antigua Yugoeslavia ha juzgado los crímenes cometidos por todas las partes, durante la guerra de los Balcanes.
HRW también ha criticado la decisión de la corte internacional de transferir los casos de genocidio en los que el acusado era miembro del FPR a los tribunales de Ruanda, pero sin controlar el desarrollo de los juicios, para que sigan los parámetros internacionales, algo totalmente falto de diligencia.
Cuatro oficiales militares fueron juzgados el año pasado, por el asesinato de 15 civiles. Dos de ellos fueron enviados a la cárcel durante ocho años y los otros dos fueron absueltos, en una caso que para HRW estuvo encubierto políticamente.
Establecido en noviembre de 1994, en la ciudad tanzana de Arusha, el tribunal está encargado de juzgar a los responsables de los actos de genocidio y otras violaciones de los derechos humanos, que tuvieron lugar en Ruanda, ese año.
(News24, Suráfrica, 02-06-09)
