El gobierno de Zimbabue retira el ejército de las minas de Marange, acusado de haber cometido abusos de los derechos humanos

19/11/2009 | Noticias

Zimbabue ha empezado a retirar los soldados de los campos de diamantes en el este del país, después de las recomendaciones hechas por el Proceso Kimberley y las críticas por abusos de los derechos humanos, según los medios estatales.

El gobierno desplegó soldados en la insegura región de diamantes, en Marange, en 2008, para blindar la zona y tomar medidas drásticas contra la minería ilegal, pero los activistas de derechos humanos aseguran que esto ha resultado en graves abusos de los derechos humanos cometidos por el ejército.

Una reunión celebrada en Namibia, a principios de noviembre, del Proceso de Kimberley, que regula el comercio mundial de diamantes, votó para permitir a Zimbabue seguir explotando y vendiendo diamantes pero le dio seis meses para mejorar las condiciones en Marange.

“Como se puede comprobar en la zona (Marange), no hay oficiales del ejército ni de policía”, declaró el ministro de Minas, Obert Mpofu, al periódico controlado por el gobierno, Herald, durante un tour por Marange, realizado por los ministros del gobierno.

El gobierno, a través de su Corporación de Desarrollo Minero, está explotando diamantes en Marange, en una empresa conjunta con dos compañías surafricanas, poco conocidas Core Mining y Grandwell Holdings.
Mpofu asegura que todavía hay espacio para más inversores extranjeros para que busquen diamantes en la zona de Marange y por todo Zimbabue. “Quiero pedir a todos los inversores interesados en la minería de diamantes u otras actividades mineras que vengan a Zimbabue y trabajen con el gobierno”, señaló.

En septiembre, Mpofu dijo que el gobierno insistiría en tener un 50 % de las acciones en todas las operaciones empresarias mineras, pero no está claro qué porcentaje de acciones tiene el gobierno en la explotación de Marange.

Mpofu está consultando a oficiales de la industria para un ansiado y esperado proyecto de ley sobre minas, del que los inversores esperan que se quite el requisito de que las mineras extranjeras deben vender la mayoría de las acciones a los zimbabuenses.

(IOL, 19-11-09)

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