Con una producción promedio de 70 toneladas al año, las minas de oro de Malí generan miles de millones de francos CFA. No obstante, el Estado de Malí y la gente que vive en los sitios de explotación minera no perciben dichos ingresos, fundamentalmente, debido al sistema mafioso instaurado por las empresas mineras con la connivencia tácita de la banca mundial.
“Dado que no tiene los medios técnicos para extraer el oro y que la banca mundial así lo ha decidido, el Estado de Malí no es más que un accionista minoritario de las empresas mineras presentes en su propio territorio.” En un informe de investigación, publicado en 2007, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reveló datos sobre la gestión de la explotación del oro por las multinacionales. Pese a ser el tercer productor mundial de oro, después de Sudáfrica y Ghana, cabe recordar que Malí sigue siendo uno de los países más pobres del mundo.
Esta conclusión de la FIDH ha sido corroborada por otros informes, elaborados por organizaciones internacionales. Según el Ministerio de Minería de Malí, el valor total de las exportaciones de oro alcanzó en 2014 unos 863 miles de millones de francos CFA, lo cual representa más del 70 % de los ingresos totales de exportación de Malí. No obstante, dicha industria solo ha contribuido unos 254,3 mil millones de francos CFA al presupuesto, o sea, 25 % de los ingresos presupuestarios y el 8 % del PBI. Y por si todo esto fuera poco, las poblaciones que viven en los sitios no ven ningún beneficio. La contribución total de las empresas mineras al desarrollo local es insignificante. En 2014, sólo mil millones de francos CFA se destinaron al conjunto de aldeas de Kayes, en donde se hallan las minas.
Expectativas sin cumplir
“Las expectativas de las comunidades locales, en lo que refiere a la mejora del nivel de vida socio-económico (educación, formación, creación de empleo y de infraestructuras) no se cumplen”, dice un funcionario electo local. A su vez, el Sr. Amadou Konaré, operador económico de esta localidad añade: “Sinceramente, no sabemos cuáles han sido los beneficios que ha reportado la minería a las poblaciones de Syama, Fourou y del círculo de Kadiolo. Prueba de ello es que la empresa SOMISY (Société Minière de Syama) no es capaz de pavimentar un tramo de menos de 100 km, entre la mina y la carretera nacional que une Malí con Côte-d’Ivoire. Durante la temporada de invierno, este eje es intransitable. Además de que las poblaciones de Fourou siguen padeciendo una grave escasez de agua en temporada seca».
Frente a la reacción de la población, SOMISY recuerda haber dotado a la aldea de Fourou de un instituto de enseñanza pública, una sala de espectáculos, una torre de agua y de aulas. No obstante, las poblaciones consideran que dichas contribuciones son insuficientes con respecto a los cientos de miles de millones de francos CFA generados anualmente por las minas de esta localidad.
Asimismo, la ONG británica, Alert, afirma en su informe internacional que las “comunidades de base poco se benefician de la minería” en la región de Kayes. En lo que respecta a los puestos de trabajo, las expectativas están muy lejos de concretarse. Debido a la falta de empleos bien remunerados, los jóvenes de las localidades en las que se hallan las minas se ven obligados a emigrar. Ya sea hacia Europa o hacia las ciudades.
Un profesor universitario, oriundo de esa localidad, señala al gobierno como culpable, que hace poco o nada para defender sus propios intereses y los de su gente. “No debemos estar enfadados con las compañías mineras, sino con el gobierno y sobre todo con nuestros funcionarios electos, que no defienden como se debe los intereses de la sociedad.”
Por su parte, el gobierno explica que esta situación es consecuencia de la falta de coordinación entre la acción de las distintas empresas mineras que operan en las mismas zonas geográficas. De este modo, se justifica diciendo que cada empresa minera tiene un plan de desarrollo social que pone en práctica, pero que no está coordinado con los otros. Es evidente que la aplicación del plan de desarrollo local se deja a discreción de las empresas mineras.
El origen de esta paradoja
Esta paradoja se origina en un plan diabólico, concebido y ejecutado por el Banco Mundial, en beneficio de las multinacionales. Ahogado en deudas, Malí no tenía otra alternativa que someterse al Programa de Ajuste Estructural; una solución recetada en nuestro país por el «médico» de Bretton-Wood, el Banco Mundial, allá por los años 80.
Para dicha institución, los Estados africanos no están capacitados para disponer de una industria minera; es decir, son demasiado pobres para asumir las inversiones de las capacidades técnicas que conlleva la minería. De repente, su diagnóstico se hace sentir con brusquedad: exigir a nuestros países que cuenten con un código minero atractivo, es decir, que sea rentable para las multinacionales. Es así que en 1995, cerca de 35 países africanos reformaron su código de minería. En Malí, la reforma del código de minería se produjo a partir de 1991. Porque, de lo contrario, el todopoderoso Banco Mundial amenazaba con cerrar el grifo a nuestro país, acarreando consigo todo tipo de consecuencias.
Un Estado empobrecido
Una vez allanado el camino, las multinacionales se pusieron manos a la obra con su capital bajo los brazos. Recaudan fondos en la bolsa de Toronto (Canadá), fondos destinados a África. En particular, al sector minero. En Malí, tres multinacionales detentan el monopolio del oro: Anglogold Ashanti, Rangold e Iamgold.
Según el informe de investigación de la FIDH, la mina de oro de Morila es un ejemplo perfecto de la gestión mafiosa de las minas de oro de Malí por parte de las empresas mineras. En julio del 2000, explica el informe, Rangold cede el 40% de su licencia de explotación a Anglogold. Ambos crean Morila Limited, que junto con el Estado de Malí, accionista de hasta el 20%, constituirán una sociedad fantasma denominada “Morila- SA”. Esta última es la que designa a Anglogold Ashanti – services Mali –SA como operador minero. De este modo, se hace del 1% de las ventas del oro, por concepto de gastos de gestión. A modo de ejemplo, esta sociedad títere percibió en 2005 un millón de dólares por gastos de consulta. Y el lector se pregunta “¿por haber hecho qué exactamente?” Nada en absoluto.
Otro ejemplo de la gestión mafiosa del oro de Malí por parte de las empresas mineras, según la FIDH: Morila- SA, a su vez, no hace más que tratar el mineral extraído. La extracción está a cargo de otra sociedad: SOMADEX. Dicha sociedad, filial del grupo francés Bouygues, se queda con la mejor tajada por haber invertido en el equipo de extracción del mineral. Así se explica esquemáticamente, cómo la riqueza generada por el oro de Malí se reparte entre las multinacionales y las empresas subcontratadas.
Cabe señalar que la mina de oro de Morila está a punto de agotarse. Está controlada en un 40% por Anglogold Ashanti, en un 40% por Rangold-Ressources y en un 20% por el Estado de Malí. En quince años de explotación, ha producido más de 6 millones de onzas de oro. No obstante, al término de estos 15 años de explotación, solo ha generado la exigua cantidad de dos mil millones de dólares.
El Estado de Malí y la porción mínima
Durante su conferencia de prensa, celebrada la semana pasada, la Organización Internacional Publiez Ce Que vous Payez (cuyas siglas son PCQVP) denuncia el lucro cesante acusado por el Estado, a raíz de las exenciones concedidas a las empresas mineras. “Los contratos mineros revelan, a pesar de una evolución positiva, varios problemas que provocan un lucro cesante considerable para el Estado de Malí. Entre estos problemas, cabe mencionar las numerosas exenciones concedidas a las empresas mineras, así como las cláusulas de estabilidad que figuran en los contratos mineros”, denuncia el informe de PCQVP. Y el mismo informe acota: “Hemos observado una disminución progresiva de los impuestos en beneficio de las empresas mineras en Malí. El Código de Minería de 1999 consagra al tesoro de Malí el 35% de sus beneficios, en lugar del 45% previstos en 1991. El código de 2012 establece un pago de sólo el 30% de los beneficios al tesoro de Malí”, lamenta Nouhoun Diakité, coordinador de PCQVP. Asimismo, los autores del informe lamentan la falta de experiencia de las personas encargadas de negociar los contratos.
En resumen, veinte años después del apogeo de la extracción de oro en Malí, los ciudadanos siguen esperando recibir algún beneficio. El Dr Boubou Cissé, quien fue nombrado Ministro de Minería durante el gobierno de Tatam Ly, y que actualmente es Ministro de Economía y Finanzas, había prometido un “inventario completo de todos los contratos mineros… Si hay contratos que sea necesario revisar en el interés de Malí, emprenderemos las negociaciones con las partes interesadas”.
Tres años después, esa promesa sigue sin cumplirse.
Oumar Babi
MaliActu.net
[Traducción, Martín Ariano]
[Fundación Sur]
