La inseguridad, la fragmentación social y la inestabilidad laboral se han convertido en la norma que está configurando una sociedad desigual y dividida, donde esta situación determina la salud mental y social, dificultando la convivencia y un desarrollo integral y sostenible.
Este fenómeno de fragmentación social afecta a todos las dimensiones de la vida social: económica, política, relaciones sociales, agravando la desigualdad y la buena convivencia a nivel global, afectando especialmente a los pueblos del hemisferio sur, que son los que más sufren las consecuencias del saqueo de sus recursos por los gobernantes poderosos, de la opresión violenta impuesta por los dictadores y del cambio climático.
El movimiento migratorio ha transformado España de país emisor a receptor de 8,8 millones de inmigrantes. Este cambio, junto al envejecimiento poblacional y la fecundidad frustrada, ha reconfigurado completamente la composición demográfica y las dinámicas reproductivas del país, y del hemisferio norte.
La revolución laboral femenina y las nuevas formas familiares reflejan una sociedad más diversa, sin embargo, las desigualdades de género persisten, evidenciadas en la doble jornada laboral femenina. Las transformaciones se construyen sobre viejos cimientos, perpetuando desequilibrios que obstaculizan la verdadera igualdad.
Nuestro modelo de desarrollo es ecológicamente insostenible, pues necesitaría 2,5 planetas para cubrir el consumo que hacemos en un año. Por el abuso de recursos, estamos destruyendo el equilibrio del planeta.
El teléfono móvil se ha convertido en el símbolo de la época, representando una nueva forma de hegemonía tecnológica y generando tanto oportunidades como riesgos de control social. Lo que necesitamos no es más recursos, sino una distribución más justa y solidaria.
Los movimientos sociales han desarrollado una sucesión de ciclos de protesta por todo el globo, y junto con el resurgimiento del feminismo como fuerza transformadora, constituyen hoy la mayor esperanza para luchar por una gobernanza más justa y democrática.
Al mismo tiempo, constatamos a diario como los dictadores actuales en Estados Unidos, Uganda, Ruanda, Rusia, Sudán, etc. siguen encerrados en su círculo cada día más violento, cruel y opresor.
Nuestro compromiso social por la dignidad humana y por el bien común nos lleva a mantener la capacidad de denuncia y la voluntad transformadora que superan la resignación.
La inteligencia artificial ofrece oportunidades pero plantea retos urgentes de adaptación laboral y diseño de políticas justas y éticas, que eviten una mayor fractura social. La auténtica liberación de toda esclavitud vendrá siempre de los oprimidos y comprometidos.
La juventud se incorpora al mercado laboral con salarios notablemente más bajos que las generaciones anteriores. Y la vivienda se convierte en factor clave para asegurar políticas de auténtica equidad. La concentración de riqueza en manos de unos pocos es un motor de desigualdad, de opresión y de injusticia.
La pobreza se ha vuelto más crónica y multidimensional, golpeando con fuerza a la infancia y alcanzando a sectores de las clases medias trabajadoras, lo que exige respuestas urgentes, éticas y sostenidas en el tiempo. La inestabilidad de ingresos vitales en millones de familias delata una profunda fragilidad económica en España y en multitud de países africanos.
La transformación tecnológica y la infravaloración de sectores esenciales, como cuidados, sanidad y educación, cierran el acceso al empleo digno de los más vulnerables. Sin una reforma profunda, trabajar ya no garantiza escapar de la exclusión.
La inseguridad alimentaria afecta al 11,6 % de los hogares españoles, especialmente a mujeres, menores y hogares pobres. El derecho a una alimentación adecuada no está garantizado. Los programas asistenciales solo alivian lo urgente y la falta de una estrategia pública basada en derechos y convierte el acceso a los alimentos seguros y nutritivos en un privilegio.
La integración de la población inmigrante mejora, pero de forma insuficiente. Es crucial agilizar la regularización, garantizar el acceso al empleo digno y la vivienda, combatir la discriminación y reforzar la inclusión desde el inicio.
La discriminación étnica se duplicó desde 2018, siendo un motor de exclusión social. Afecta especialmente a la población gitana y africana, agravando la pobreza al limitar el acceso al empleo y la vivienda, y se retroalimenta con el auge de discursos de odio. Para romper este círculo se requieren políticas antirracistas integrales que combinen protección legal, sanción del discurso de odio y medidas solidarias para una educación ética y una inclusión integral.
Fuente: IX Informe Foesa 2025
CIDAF-UCM
