La justicia de Uganda puso en libertad bajo fianza a Sarah Bireete, una prominente activista de derechos humanos, cuya detención fue interpretada por organizaciones defensoras de la disidencia como parte de una campaña más amplia contra los críticos del gobierno antes de las elecciones generales, que se celebraron el 15 de enero.
Sarah Bireete, directora del Centro para la Gobernanza Constitucional (CGC), un grupo de incidencia política con sede en Kampala, fue arrestada el 30 de diciembre después de cuestionar la exactitud del censo electoral que se emplearía en los comicios. Posteriormente, se le imputaron cargos por la supuesta divulgación ilegal de información electoral. El miércoles, la magistrada Winnie Nankya Jatiko le concedió la libertad condicional.
Los resultados oficiales indicaron que Yoweri Museveni, quien ha permanecido en el poder durante al menos cuatro décadas, obtuvo el 71,6 % de los votos. Mientras tanto, el líder de la oposición, Bobi Wine, permanece prófugo y buscado por el ejército, ha rechazado los resultados oficiales y declarado por las redes sociales que existen pruebas de fraude electoral. Museveni, de 81 años, ha comenzado su séptimo mandato presidencial, siendo el tercer jefe de Estado con más años en el poder.
Tras la detención de Bireete, el CCG afirmó que estaba siendo perseguida por ayudar a «amplificar las voces de los oprimidos y marginados». Algunas organizaciones internacionales dedicadas a la lucha por los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch habían exigido su liberación incondicional. Naciones Unidas, así como diferentes instituciones de derechos humanos y la oposición, han denunciado la fuerte represión estatal desde las estructuras del Estado durante el periodo electoral.
Fuentes: Reuters
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