Brian Murphy, un juez federal de Estados Unidos (EE. UU.), ha frenado temporalmente el plan de la administración del presidente Donald Trump para eliminar la protección migratoria y deportar a más de 5.000 ciudadanos etíopes que actualmente residen en los EE. UU. gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS), que les fue otorgado en 2022 bajo la presidencia de Biden debido a la crítica situación de su país de origen. La orden del juez Murphy, del distrito de Boston, pospone hasta nuevo aviso la entrada en vigor de la anulación del TPS prevista para el 13 de febrero, dando tiempo así a que avance una impugnación legal contra la decisión. De esta manera, ha evitado temporalmente que, a partir del 13 de febrero, más de 5.000 ciudadanos de origen etíope se vieran forzados a abandonar el país o fueran arrestados.
La acción legal contra la decisión del el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue iniciada por tres ciudadanos etíopes y el grupo defensor de derechos African Communities Together, argumentando que el DHS actuó ilegalmente al poner fin al TPS con apenas 60 días de anticipación. Acusando, además, al plan de estar motivado por cuestiones racistas contra la población inmigrante negra en los EE. UU. A su vez, sostienen que Etiopía aún enfrenta una situación de conflicto armado y crisis humanitaria, razones por las que inicialmente les fue concedido el TPS, protegiéndolos de deportaciones y permitiéndoles trabajar legalmente. Por su parte, la administración Trump contraargumenta que el TPS “nunca tuvo la intención de ser un programa de amnistía de facto» a pesar del uso que le han dado las administraciones anteriores.
El juez Murphy informó del aplazamiento en una audiencia virtual el viernes 30 de enero y señaló que al posponer la puesta en marcha del plan, espera que el DHS ofrezca documentos y explicaciones sobre cómo tomó la decisión. En base a estos argumentos, decidirá posteriormente si finalmente se aprueba la suspensión del TPS o si se bloquea de manera prolongada o incluso permanente.
Cabe destacar que la administración Trump ya ha llevado a cabo esta estrategia de anulación de estatus de protección temporal con alrededor de otros 12 países, es decir, más de un millón de residentes en el país en total.
Fuente: Nation
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