Los enemigos de Kigali objetivo de Kinshasa
El 17 de enero de 2019, invitados por el ruandés Paul Kagame, presidente en ejercicio de la Unión africana, una decena de jefes de Estado, entre ellos los de Uganda, Angola, Congo-Brazzaville, Zambia y Sudáfrica, aceptan firmar un comunicado que pone en duda los resultados de todas las elecciones, incluso de la elección presidencial. Con Ruanda a la cabeza, piden, hecho inédito, la suspensión de la proclamación de los resultados definitivos y promete viajar a Kinshasa para encontrar “un consenso para una superación de la crisis postelectoral en el país”. Joseph Kabila decide no hacer caso y en el seno del régimen congoleño muchos critican a Paul Kagame por haber tomado esta iniciativa. El protocolo del Estado hace ver que Kagame no será bienvenido a la ceremonia de investidura de Félix Tshisekedi. Varios funcionarios no dudan en alegrarse del fracaso de “su enésima operación de desestabilización”.
El aparente desencuentro diplomático está bien lejos de impedir las relaciones de buena vecindad. A penas unas horas después de la cumbre de Adís Abeba, el 18 de enero, los gobiernos congoleño y ruandés apuntan contra los principales enemigos de Paul Kagame, las FDLR, el CNRD y el RNC, y con ellos a los estados y políticos a los que acusan de apoyarlos. Ese día, el ministro congoleño de Defensa, Crispin Atama Tabe, escribe a la representante especial del secretario general, Leila Zerrougui para “solicitar el apoyo de las fuerzas de la MONUSCO a las FARDC para contrarrestar la elaboración de un macabro plan que desestabilizaría todavía más la subregión”. Deseoso de que no se le acuse de servir de “base”, evoca “un desplazamiento de las FDLR y sus gentes hacia el Kivu Sur a donde el general rebelde Kayumba habría solicitado que acudieran”. Evoca en términos claros “una coalición orientada hacia una acción belicosa en Ruanda desde la RDC”. Pan bendito para Kigali.
En el seno de la MONUSCO sorprende que se califique de FDLR, grupo de rebeldes hutu ruandeses que agrupa a un puñado de presuntos genocidas, a oleadas de civiles hutu que huyen de los ataques lanzados por el ejército congoleño apenas unos días antes de la elecciones. Son los combatientes del CNRD, disidentes de las FDLR, los que constituyen el blanco de la misiva, y la MONUSCO no aporta apoyo militar a las operaciones del ejército congoleño más que con parsimonia, sobre todo cuando la vida de miles de civiles, mujeres y niños, está en juego.
Mandatos de arresto internacional y extradiciones a hurtadillas
El mismo día 18 de enero de 2019, Ruanda emite por su parte y en el mayor de los secretos una serie de mandatos de arresto internacional, “con relación a los recientes ataques en el sur del país”. Conciernen concretamente al general Kayumba Nyamwasa, a Calixte Sankara y al opositor Paul Rusesabagina, asociados a los rebeldes del CNRD, y a los dos FDLR, Bazeye Fils Laforge y Théophile Abega. “Si Paul Kagame ha comprendido que era mejor montar un dossier que invadir el Congo, es algo mejor para la región”, comenta un responsable de la ONU. Pero en Kinshasa algunos temen, incluso en el entorno de Kabila, que el argumento de seguridad desarrollado por Ruanda sirva de nuevo de excusa para una nueva rebelión o incluso para una invasión del Congo. En las filas de la UDPS o de la UNC, que han sacado adelante la candidatura de Tshisekedi, los numerosos detractores del presidente Kagame no temen otra cosa que de nuevo aparezca la división (del país) prometida. “Kagame y Kabila están conchabados, incluso la vida de Félix está amenazada”, se alarma una persona cercana al nuevo presidente.
Entre los grupos objetivo de los mandatos de arresto lanzados por Kigali, solo el RNC no ha reivindicado nunca ataques contra Ruanda. El partido de Kayumba Nyamwasa, agrupado con otros partidos opositores en una plataforma llamada P5, pide desde julio pasado al presidente Kagame que abra un diálogo. “El gobierno ruandés no está dispuesto al diálogo; busca utilizar al RNC como espantajo para no sentirse obligados a negociar”, estima Jean-Paul Turayishimuye, uno de los portavoces del RNC. “Nos acusan de ser terroristas, de tener grupos armados en RDC que no existen”.
En las quince páginas del mandato y del auto inculpatorio contra el general Kayumba Nyamwasa, la fiscalía ruandesa califica la plataforma como “organización terrorista” e insiste en la complicidad de los miembros de las FDU, encarcelados desde hace más de un año, acusados de haber reclutado combatientes y de financiar las actividades militares del RNC. Su presidenta, Victoire Ingabire, desmiente cualquier participación de las FDU y recuerda que Paul Kagame no duda en matar y fabricar acusaciones contra sus opositores para desacreditarlos. “Yo misma he sido víctima de todo ello”, recuerda la antigua candidata en las elecciones presidenciales, justo después de ser indultada tras ocho años pasados en la cárcel, tras un proceso calificado de político por los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Sudáfrica y Ruanda, a cara de perro
Sudáfrica es uno de los raros países que ha apoyado la solicitud de diálogo formulada por Kayumba Nyamwasa y los otros partidos de la oposición ruandesa. A causa de ello, su ministra de Asuntos Exteriores, Lindwe Sisulu, había sido tratado de prostituta en una web progubernamental, provocando una nueva fractura diplomática. Después de la tentativa de asesinato del general Nyamwasa en 2010, en plena copa mundial de fútbol, las relaciones entre los dos países han ido variando “en dientes de sierra”. Cuando Kigali fue acusado de apoyar en RDC la rebelión M23 en 2012, Sudáfrica, aliado tradicional de Joseph Kabila, formó parte de los países de África austral que aceptó enviar soldados para apoyar al ejército congoleño, después de la humillación que supuso la toma, por el M23, de Goma, una de las principales ciudades del este.
Kayumba Nyamwasa es para Sudáfrica una baza importante por más de una razón. Cuando los soldados sudafricanos intervienen en las operaciones contra el M23, Pretoria le llama, lo mismo que a su colega Patrick Karegeya, antiguo jefe de los servicios de información y cofundador de RNC. Los dos altos dirigentes cercanos a Kagame siempre han sido sospechoso de haber instrumentalizado rebeliones o grupos armados en provecho del régimen ruandés. Nadie mejor que ellos para obtener preciosas informaciones sobre lo que tanto Sudáfrica y buen número de países de la comunidad internacional perciben como la última creación de Kigali. El asesinato de Patrick Karegeya el 31 de diciembre de 2013, en uno de los hoteles más seguros de Sudáfrica, lleva a la ruptura de las relaciones diplomáticas; Pretoria acusa abiertamente a los servicios de inteligencia ruandeses como responsables del asesinato.
Para el abogado del general Kayumba Nyamwasa, Kennedy Gihana, el mandato de arresto lanzado contra su cliente es un corta-fuegos de un procedimiento judicial que podría poner en evidencia el “carácter criminal del régimen de Paul Kagame”. Dos días antes, el 16 de enero de 2019, tras cinco años de inacción, la justicia sudafricana comenzó a oír a testigos en el dossier Karegeya. “Las autoridades sudafricanas están ya excedidas por las maniobras de Paul Kagame”, explica un diplomático de la región. “El presidente Cyril Ramaphosa corría el riesgo de atraer los anatemas del resto de países del SADC, si tomaba una posición contraria a la de la organización; algunos funcionarios se han sorprendido y están furiosos cuando han descubierto este mandato de arresto horas después de Adís Abeba”. Según este diplomático, que afirma conocer a fondo la política sudafricana, Pretoria habría reaccionado entregando al juez encargado del dossier Karegeya una carta que la leyó en la audiencia del 21 de enero de 2019. Era el día en que los presidentes ruandés y sudafricano deberían haber llegado juntos a Kinshasa, se dice, para convencer a su homólogo congoleño de que debía respetar la verdad de las urnas.
Unas horas antes de la proclamación de los resultados definitivos, Joseph Kabila tuvo buen cuidado en enviar un emisario a Pretoria. Su consejero diplomático, el hábil Barnabé Kikaya, llegó, dice sobriamente, “para realizar una operación de “charme” en favor de la investidura del nuevo presidente”. Un oficial congoleño asegura que el consejero “llevaba bajo el brazo el acuerdo de coalición”. Su tarea era la de convencer al presidente sudafricano de la necesidad de apoyar el acuerdo de compartir el poder con Félix Tshisekedi; algo “vital” para la estabilidad del país y para la supervivencia de Joseph Kabila. “Si se anunciaba la victoria de Martin Fayulu, el presidente Kabila corría el peligro de ser derrocado por los suyos. Si se anunciaba la de Emmanuel Rammazani Shadary, lo sería por la calle”, expone sin tapujos el funcionario congoleño.
Sonia Rolley
[Traducción, Ramón Arozarena]
Fuente: La tribune franco-rwandaise
[Fundación Sur]
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