El programa de deportaciones británico que se puso en marcha en abril de 2022 recibió críticas inmediatamente por parte de diferentes organizaciones. Se cuestionó su carácter ilegal ya que incumplen con la convención de derechos humanos que exigen el respeto y la protección de los migrantes ilegales. No obstante, unos meses más tarde, el Tribunal Superior de Londres anunció que el plan de deportar a los inmigrantes solicitantes de asilo era legal, pese a las críticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El plan de traslado de inmigrantes fue pactado con Ruanda. Pese a que el país está situado a más de 6.000 kilómetros de Reino Unido, Ruanda se encarga de procesar los inmigrantes ilegales que llegan a territorio británico. El pacto se basa en el intercambio económico de 120 millones de libras a Ruanda como pago por sus servicios.

Fuente: Agence Ecofin

[Traducción y edición, Celia Amador Chamorro]

[CIDAF-UCM]