El gobierno de Tanzania ha decidido impedir que los medios de comunicación informen directamente sobre los testimonios de víctimas y familiares de personas asesinadas durante la ola de violencia que siguió a las elecciones generales del país en octubre del año pasado. Ibrahim Juma, el presidente de la comisión presidencial encargada de investigar los hechos, ha defendido que la medida se ha llevado a cabo con la intención de proteger la privacidad y el bienestar emocional de aquellos que compartan su testimonio.
Desde el inicio de las audiencias en distintas regiones del país, cientos de testimonios han atraído la atención pública al detallar una serie de episodios violentos y dramáticos vinculados a las protestas que estallaron tras el anuncio de los resultados electorales, en los que se dio por ganadora a la presidenta, ya en el poder, Samia Suluhu, después de unas campañas electorales marcadas por la opresión a la oposición. Las manifestaciones que estallaron tras el anuncio de los resultados dejaron cientos de muertos y miles de heridos, conformando así uno de los períodos postelectorales más violentos de la historia reciente del país.
La restricción ha generado duras críticas de organizaciones de prensa y defensores de la libertad de expresión, que señalan que un veto tan amplio pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a estar informados y socava la transparencia y la confianza de los ciudadanos en el proceso de investigación. Los analistas han señalado que la medida podría dificultar también la verificación independiente de los hechos, especialmente en un contexto donde se investigan posibles abusos cometidos por agentes del Estado, sugiriendo alternativas como informes anónimos o cobertura mediática conjunta, más que una prohibición.
La comisión tiene previsto publicar un informe final con sus conclusiones y recomendaciones, incluyendo posibles mecanismos de rendición de cuentas y reformas institucionales, aunque persisten dudas sobre cómo se equilibrará la protección de las víctimas con las exigencias de transparencia y justicia.
Fuente: Mail & Guardian
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