El primer ministro somalí, Mohamed Hussein Roble, tras fallidos intentos para remediar la crisis de sequía que atraviesa el país, decretó el pasado martes 23 la emergencia humanitaria. La urgencia de la cuestión viene motivada por las casi tres millones de personas afectadas hasta el momento por la sequía.

La catástrofe tiene su origen en la irregularidad de los últimos ciclos de lluvias, y ha tenido como consecuencia la destrucción de cultivos y la muerte de ganado. Esta situación ha provocado una falta de abastecimiento de recursos primarios básicos de agua y comida entre la población somalí, resultando en la malnutrición de un millón de personas menores de edad y el cierre de casi veinte colegios.

Esta situación que vive Somalia, de quienes las principales víctimas son aquellas personas con menos recursos económicos que no pueden hacer juego a los precios del mercado del agua, es producto directo de la crisis climática que azota al planeta. Sin embargo, un problema crucial se plantea ante la emergencia humanitaria. El Derecho Internacional Público no reconoce a las personas refugiadas climáticas bajo el estatus de “refugiada”, puesto que la migración por cuestiones climáticas no se considera forzosa, bajo la legislación vigente.

Si bien Mohamed Hussein Roble realizó un llamamiento a las organizaciones de ayuda humanitaria y a la comunidad internacional, ésta última tiene, de quererlo, las manos atadas, puesto que toda ayuda que quiera proveerse deberá originarse en la buena voluntad de los Estados, no desde la obligación. Queda abierto el interrogante acerca de la evolución de esta situación que está asolando a la población somalí como consecuencia del desgaste de La Tierra.

Fuentes: Somali Guardian-BBC-Wardheer News

[Traducción y edición, Araceli Guerrero García]

[CIDAF-UCM]

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