Desde que el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, conocido como Farmajo, anunció el pasado 13 de abril una prórroga de su mandato y el de su gobierno por dos años, la situación en el país del Cuerno de África se ha vuelto cada vez más tensa para revelar el espectro de una guerra civil. Una crisis política que se inició en el segundo semestre de 2020 por las dificultades asociadas a la celebración de nuevas elecciones.
Dificultades vinculadas a la hambruna provocada por una invasión de langostas, el estallido de la pandemia de la covid-19, el auge de los militantes islamistas de al-Shabaab y los disturbios civiles en el país. En mayo de 2020, el primer ministro Hassan Ali Kheyre (derrocado en julio pasado por Farmajo) confirmó que las elecciones se celebrarían a principios de 2021. Sin embargo, se saltó la votación y la decisión de prorrogar el mandato del presidente Farmajo, elegido en 2017, no ha hecho más que empeorar la situación.
La Cámara Baja del Parlamento había aprobado la prórroga de dos años del mandato presidencial y había convocado elecciones universales directas al final del período de transición de dos años. Por otro lado, los líderes de la Cámara Alta habían rechazado la moción de prórroga del mandato, calificando de ilegal el voto de la Cámara Baja y empujando a los opositores de Farmajo a tomar las armas, con la amenaza de marchar sobre Villa Somalia.
Por tanto, no es de extrañar que la renuncia a la prórroga de su mandato, que vencía el 8 de febrero, que el presidente somalí anunció a la nación el 28 de abril, tuviera poco efecto para intentar sacar al país del impasse. Además, la renuncia a prorrogar el mandato fue formulada por Farmajo de forma bastante ambigua, pues en su discurso el jefe de Estado pidió al Parlamento somalí que cancelara la prórroga, poniendo efectivamente la decisión final en manos de los legisladores.
Una ocurrencia tardía que fue esencialmente solo verbal y se produjo solo después de una persistente presión internacional e interna. Según los observadores, la cancelación de Farmajo de la continuación del mandato fue también el cambio repentino de algunos de sus aliados destacados, como Mohamed Hussein Roble, el nuevo primer ministro, y los presidentes de tres de los cinco estados federales de Somalia: Hirshabelle, Southwest y Galmudug, que se pusieron del lado de los opositores al exigir la deposición del presidente.
La tensión en el país aumentó de manera tangible el 25 de abril, cuando en dos barrios al norte de la capital, Mogadiscio, las fuerzas de seguridad se enfrentaron con milicias que apoyaban a la oposición, la mayoría de las cuales pertenecen al clan de ex presidentes Hawiye: Hassan Mohamud y Sharif Ahmed; mientras que Farmajo es parte del clan Darod, rival histórico de los Hawiye. Desde entonces, un número indeterminado de soldados del ejército ha huido de los cuarteles en las afueras de la capital, para trasladarse a áreas clave, que ahora están bajo su control.
Por su parte, el presidente saliente de Somalia publicó una especie de memoria defensiva de sus acciones en un artículo que vio la luz en el sitio web de la autorizada revista estadounidense Foreign Police. En su ponencia, Farmajo explica que la Cámara Baja del Parlamento aprobó la prórroga del mandato presidencial para evitar un vacío de poder luego de que finalizara el actual mandato de cuatro años el pasado 8 de febrero.
Según Farmajo, la Casa del Pueblo se había pronunciado siguiendo los dictados de un acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre destinado a garantizar que el traspaso político del poder se produzca únicamente a través de elecciones. Esto implica que los actuales funcionarios electos deben permanecer en el cargo hasta que sean reelegidos o reemplazados a través del proceso electoral.
En el centro del desacuerdo habría, por tanto, un conflicto entre el objetivo de su gobierno de asegurar el sufragio universal mediante elecciones directas y el de la oposición, que insiste en un modelo electoral indirecto dirigido a favorecer a las élites y negar el voto a los ciudadanos de a pie.
Farmajo concluye su artículo preguntando si ha llegado el momento de que la comunidad internacional se pregunte por qué los selectos ancianos de los clanes y los líderes de los estados miembros federales deben mantener como rehén al pueblo somalí cada cuatro años. ¿Y por qué los intereses privados de esta pequeña élite deben negar el consentimiento de los millones que dicen representar?
En respuesta al presidente somalí, conviene aclarar que el acuerdo de septiembre de 2020 se refiere a un proceso electoral mediante el cual los ancianos de los clanes seleccionan a los delegados a los distritos electorales, quienes a su vez eligen a los legisladores federales que luego eligen un presidente. Pero es precisamente en estos nombramientos, así como en los de la Comisión Electoral, donde hasta ahora se ha desarrollado el enfrentamiento político entre Farmajo y sus opositores.
En esencia, sin embargo, lo que no se pudo superar fue el problema organizativo relacionado con la reforma del presidente somalí, que había garantizado, a partir de febrero de 2020, el derecho al voto a todos los ciudadanos del país, manteniendo así lo que fue su promesa electoral. Al final, no se pudo cumplir con el plazo para las elecciones parlamentarias ni el plazo para las elecciones presidenciales debido a la falta de fondos e infraestructura para garantizar el sufragio universal.
Mientras tanto, los extremistas islámicos de al-Shabaab parecen estar aprovechando el vacío de poder en Somalia para intensificar los ataques contra civiles y comisarías de policía. Un resurgimiento de la violencia islamista que va acompañado del peligroso período de fragmentación de las fuerzas de seguridad de Somalia. Todo desencadenado por el fallido intento del presidente somalí de extender su mandato por dos años.
Original en : Afrofocus
