El 14 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica escuchó la solicitud para confirmar una decisión del Tribunal Superior de Johannesburgo, que invalidó la legislación que establece un límite de tiempo de 20 años desde la comisión del delito para su enjuiciamiento. Este límite se aplica a la mayoría de los delitos, con excepción de violación, robo (con circunstancias agravantes), asesinato, secuestro y posesión de pornografía infantil, para los que no se impone un tiempo de prescripción.
Aunque la decisión del Tribunal Superior se emitió en junio de este año, el caso comenzó hace más de cuatro décadas, cuando Sidney Frankel presuntamente agredió sexualmente a ocho niños de entre seis y quince años, desde 1976 hasta 1991. Estos niños, ya como adultos, comenzaron a abrir causas penales y a presentar demandas civiles contra Frankel en junio de 2012. Sin embargo, al haber transcurrido más de 20 años desde que se produjeron los supuestos delitos, el director del Ministerio Público se negó a enjuiciarlo, por considerar que el plazo establecido en la Ley de Procedimiento Penal de 1977 impedía el enjuiciamiento.
En consecuencia, siete de las ocho presuntas víctimas presentaron una solicitud para que se invalide el tiempo de prescripción para el enjuiciamiento de delitos sexuales distintos de la violación y la violación obligada. Además, solicitaron que se considere la posibilidad de enjuiciar a Frankel por agresión sexual. Varias partes se unieron al caso en calidad de amicus curiae, “amigos del tribunal”, incluidas algunas organizaciones como Abogados por los Derechos Humanos, el Centro Legal para Mujeres y la Clínica Teddy Bear, representada por el Centro de Estudios Legales Aplicados. Frankel se opuso a estas solicitudes hasta que murió, poco después de que se conociera el caso.
Las partes restantes, incluido el Ministro de Justicia y Servicios Correccionales, también concluyeron que el límite de tiempo para los delitos sexuales es inconstitucional, pero tienen opiniones diferentes sobre la solución adecuada. Los demandantes y el Ministro solicitaron que la orden de nulidad solo se aplique a los delitos sexuales cometidos contra niños. Los amigos del tribunal, sin embargo, argumentaron que la orden debería aplicarse a los adultos también, lo que significaría que no se aplicaría ningún límite de tiempo a cualquier enjuiciamiento de un delito sexual, independientemente de la edad de la víctima en el momento de la ofensa.
El Tribunal Superior consideró que el tiempo de prescripción impuesto para enjuiciar delitos sexuales era irracional y arbitrario, porque trataba a algunos delitos sexuales de manera diferente a los demás. La juez Clare Hartford declaró: «La ley debe alentar el enjuiciamiento de estos delitos, que son un cáncer en la sociedad sudafricana, y debe apoyar a las víctimas para que los denuncien, sin importar la hora del día. La ley no debe obstaculizar la posibilidad de las víctimas de traer ante la justicia a los delincuentes sexuales, como lo hace actualmente». Sobre esta base, Hartford invalidó el límite de tiempo para los delitos sexuales, independientemente de la edad de la víctima.
Sin embargo, la juez Hartford suspendió su orden de nulidad durante 18 meses para que el Parlamento corrigiese la legislación. Además, con aras a permitir que se pudieran resolver los casos mientras el Parlamento enmendaba la ley, también incluyó la posibilidad de que los delitos sexuales se enjuiciasen sin límite de tiempo hasta que el Parlamento rectificase la norma o pasaran los 18 meses. La sentencia del Tribunal Superior también incluía una condena en costas contra Frankel y el Ministro.
La audiencia ante el Tribunal Constitucional
De conformidad con la Constitución, cuando una decisión del Tribunal Superior anula la legislación, el Tribunal Constitucional debe confirmar el auto de nulidad. Como resultado, incluso cuando las partes están de acuerdo en la decisión del Tribunal Superior, los asuntos deben ser considerados por el Tribunal Constitucional. En este caso, todos están de acuerdo en la inconstitucionalidad del tiempo de prescripción, pero aún existe un desacuerdo entre los implicados sobre ciertas partes de la orden del Tribunal Superior, así como una apelación contra la condena en costas que recae sobre la herencia de Frankel.
En los documentos, los solicitantes reiteran muchos de los argumentos formulados en el Tribunal Superior sobre por qué la sección de la Ley de Procedimiento Penal es inconstitucional, incluido el hecho de que la distinción entre violación y otros delitos sexuales es irracional. Sin embargo, argumentan que, en lugar de suspender la orden de nulidad durante 18 meses, la sección debe ser invalidada de inmediato, sin que el Parlamento tenga que modificar la legislación.
El Ministro coincide en que inconstitucionalidad de la disposición, pero argumenta que la orden de nulidad es necesaria para que el Parlamento determine qué delitos sexuales ya no deben prescribir. Si bien el Ministro reconoce que la agresión sexual perpetrada contra los solicitantes fue grave y no debería estar sujeta a un límite, también argumenta que existen otros delitos sexuales «sin víctimas», tales como el bestialismo, el incesto consentido y los actos sexuales con un cadáver, que legalmente pueden prescindir de enjuiciamiento. Como resultado, el Ministro respalda la decisión del Tribunal Superior, pero solicita que se otorgue al Parlamento 24 meses para subsanar el defecto, en lugar de 18 meses.
El Centro Legal de Mujeres, la Clínica Teddy Bear y la organización Abogados por los Derechos Humanos también presentaron varios documentos argumentando que el tiempo de prescripción era inconstitucional. Todos hacen hincapié en que la orden debe aplicarse a todos los delitos sexuales, independientemente de si la víctima era un niño o un adulto. Además, el Women’s Legal Center presentó una solicitud para añadir más pruebas, incluidos informes, artículos y pruebas periciales. Al igual que los solicitantes, estas organizaciones también argumentan que la orden de nulidad debe tener efecto inmediato, sin que el Parlamento tenga que aprobar una enmienda.
Ahora corresponde al Tribunal Constitucional decidir si el tiempo de prescripción de los delitos sexuales es inconstitucional y, lo que es más importante, lo que debería suceder si lo es. Aunque todas las partes parecen estar de acuerdo, el Tribunal Constitucional puede estar en contra.
Safura Abdool Karim
Fuente: allAfrica
[Traducción, Elvira Vara]
[Fundación Sur]
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