“Tu propia casa no puede ser un sitio turístico”, exclama el líder indígena de Benín, Oussou Lio Appolinaire, enfundado en su traje tradicional de vivos colores amarillo y verde, respecto a la apertura indiscriminada de lugares sagrados para los grupos ancestrales.
Appolinaire, indígena goun que preside el no gubernamental Grupo de Investigación y de Acción para el Bienestar de Benín (Grabe), planteó a IPS que “la gente sufre el destierro de los sitios sagrados. Si perdemos el conocimiento, nos perdemos nosotros. Lo sagrado es como la vida. La conservación es el respeto de la ley natural, de cada elemento en la naturaleza”.
Gracias al trabajo de Grabe y otras organizaciones, el gobierno de Benín aprobó la Orden Interministerial 0121, la primera de su tipo en África y que estipula su manejo sostenible, reconocimiento legal y categorización como áreas protegidas.
La nación del oeste africano alberga más de 2.900 bosques sagrados, de los cuales solo 90 han sido protegidos formalmente.
El reclamo de Appolinaire de mayor participación de los grupos originarios en el cuidado del tesoro natural es una demanda común de los representantes indígenas en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que entre el 1 y el 10 de septiembre acoge esta capital del estado estadounidense insular de Hawái, en el océano Pacífico.
La cita, que se realiza cada cuatro años, organizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC), congrega en Honolulú a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas.
La queja de los representantes indígenas se concentra aquí en problemas para sus pueblos vinculados a las Metas de Aichi, como se conocen los 20 puntos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 , adoptado en 2010 los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
De hecho, una evaluación del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación de la CDB, realizada en mayo, plasmó su preocupación por “los escasos progresos alcanzados” en cuanto a la creación de capacidad y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en esas metas.
La Meta 14 estipula la restauración y protección de ecosistemas que ofrecen servicios esenciales, tomando en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas.
La 18 se refiere al respeto a los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes, para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la participación plena y efectiva de esas comunidades en todos los niveles.
La Meta 11 indica que al menos 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y 10 por ciento de las zonas marinas y costeras se conservarán mediante sistemas de áreas protegidas para 2020, lo que los indígenas temen que entre en colisión con sus derechos en lo que son sus territorios ancestrales.
“Estamos de acuerdo con la conservación, pero se tiene que tocar el tema de una conservación con derechos, desde los pueblos indígenas”, dijo el peruano Julio Cusurichi, presidente de la no gubernamental Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes y representante del pueblo shipibo-conibo.
“El gobierno ha creado áreas naturales en nuestros territorios y nos están limitando nuestras actividades. Parece que los indígenas son obstáculos y que hay que sacarlos de los territorios”, se lamentó con IPS.
En el sudoriental departamento de Madre de Dios, en la Amazonia peruana, 60 por ciento del territorio es área natural protegida (ANP), al albergar una riqueza de biodiversidad con la que conviven unos 10.000 indígenas de siete de los 54 pueblos originarios de la nación sudamericana.
Una de los problemas comunes es la tendencia de los gobiernos a crear ANP que se extienden sobre territorios indígenas sin un adecuado proceso de consulta.
El Congreso, cuyo lema en esta edición es “Planeta en la encrucijada”, culminará con Los Compromisos de Hawái, de los que 85 resoluciones ya llegaron a Honolulú aprobadas por la Asamblea de la IUCN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales.
Aquí el debate se concentra en 14 mociones sobre temas polémicos, como la compensación por destrucción de riqueza biológica, el cierre de mercados domésticos para el comercio de marfil y mejores estándares para ecoturismo. De las 99 resoluciones, solo ocho se vinculan con los pueblos indígenas.
“Hay poca participación en la ejecución en las políticas de conservación, que un indígena dirija una instancia no significa que los pueblos indígenas participen”, cuestionó la q’eqchí’ Dolores Cabnal, directora del Área de Incidencia en Políticas de la no gubernamental Asociación Ak’Tenamit, de Guatemala.
Esa agrupación opera en el oriental departamento de Izabal, donde existen tres ANP y en las que conviven indígenas y afrodescendientes. En esas zonas, la población sobrevive con actividades agrícolas y pesqueras, que suponen choques con las autoridades porque la ley impide el aprovechamiento en esas reservas biológicas.
Activistas y expertos consideran que sin el involucramiento de los pueblos originarios difícilmente se materializarán las Metas de Aichi, por la ciudad japonesa donde se establecieron.
En ese sentido, la relatora especial sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot, emitió durante el Congreso una “tarjeta amarilla” para los Estados que ignoran el papel de los grupos nativos.
Con base a visitas a Brasil, Colombia, Finlandia, Guatemala, Honduras, Noruega, Paraguay y Suecia, Tauli-Corpuz halló violaciones a derechos a la consulta previa, libre e informada a la tierra y territorio, a la participación, a los recursos naturales, a remediación del daño y a derechos culturales.
“La conservación se centra solo en los Estados, a pesar del pobre desempeño. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras no está reconocido o protegido adecuadamente”, expresó la relatora durante un encuentro con dirigentes indígenas en Honolulú.
Se estima que 50 por ciento de las zonas protegidas del mundo se ha establecido en tierras indígenas, una proporción que es mayor en América Latina y el Caribe y en países como Filipinas, India y Nepal, en la región de Asia-Pacífico, y en Botsuana, Camerún, Kenia, Namibia, Sudáfrica y Tanzania, en África.
“Los problemas de los pueblos indígenas no son solo de un país, son globales. Tenemos que reconocer la ley indígena, no podemos cambiar las leyes de la naturaleza”, señaló Appolinaire.
Por su parte, Cusurichi, ganador del Premio Ambiental Goldman, plantea la necesidad de una cogestión entre gobierno y comunidades. “Necesitamos certeza jurídica de tenencia de la tierra y debe incluir el manejo de recursos y la seguridad alimentaria”, postuló el dirigente.
En Guatemala, las organizaciones indígenas planean presentar una iniciativa de ley ante el Congreso legislativo para regular los derechos indígenas, las ANP y las actividades extractivas.
“El gobierno debe analizar cuáles pueblos están en las áreas naturales, por qué están allí y qué necesitan, en vez de buscar cómo expulsarlos”, cuestionó Cabnal.
El reclamo difundido en Honolulú también se trasladará a la 13 Conferencia de las Partes del CDB, que se desarrollará en el balneario mexicano de Cancún entre el 4 y el 17 de diciembre.
Emilio Godoy
IPS
