Las personas con menos recursos corren especial riesgo de ser encerradas durante meses, a veces años, en celdas sórdidas y masificadas, sin haber cometido ningún delito. Sucede en muchos lugares. Pero hoy aqui hablamos de Mozambique.
José Capitine Costa no sabe con exactitud el día que lo encerraron. Pero otros internos que llegaron en 2001 y 2003 a la Prisión de Máxima Seguridad de Machava sí que se acuerdan de él. Estaba allí cuando ellos ingresaron. Y aseguran que nunca lo vieron salir desde esa fecha.
Le arrestaron mientras vendía esculturas junto a la carretera, en la ciudad de Maputo, la capital de Mozambique. No era culpable de ningún delito ni se celebró ninguna vista judicial para examinar su caso, pero José pasó 12 largos años en la cárcel. Nunca le representó abogado alguno y todavía hoy no sabe por qué estuvo tanto tiempo en prisión. Fue liberado en septiembre de 2012, tras sendas intervenciones por escrito de Amnistía Internacional y la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos.
El Fiscal General reconoció que la detención de José Capitine fue irregular. Sin embargo, José no ha recibido ninguna compensación por todos los años en los que ha estado privado de libertad. Le han robado 12 años de vida y no ha pasado nada.
Su caso es uno de los que la delegación de Amnistía Internacional consideró más urgentes durante su visita a este país del sureste africano en febrero de este año. Investigaron la situación de los internos en cinco prisiones en las provincias de Maputo y Nampula.
La respuesta del Fiscal se produjo después de que la organización se interesara por algunas personas que habían permanecido en la cárcel sin saber por qué o sin que se dieran los supuestos que contempla la legislación mozambiqueña. Tras las gestiones, cuatro fueron liberadas porque habían sido detenidas irregularmente. Otra fue juzgada y absuelta. Cientos permanecen aún en prisión.
Ana Silvia, acusada de asesinato sin pruebas
Uno de los casos más significativos es el de Ana Silvia (nombre ficticio). Fue acusada y condenada por el asesinato de su madre cuando tenía 15 años. Su madre apareció muerta la mañana del 10 de noviembre de 2010, pero no se realizaron pruebas adecuadas para demostrar que ella estaba involucrada. No se llevó a cabo ninguna autopsia ni se encontraron evidencias que la implicaran. La policía la amenazó con pegarle para que confesara el crimen.
El 11 de noviembre de 2010, después del funeral por la muerte de su madre, la policía fue a la casa de Ana Silvia y le pidió que pasara por la comisaría del distrito de Moamba, en la provincia de Maputo. Su padre fue con ella. Los policías la interrogaron en presencia del “Chefe de Queateirao” (persona responsable del edificio). Fue acusada de haber acabado con la vida de su propia madre tras la información que proporcionó este vecino. Dijo que Ana Silvia había discutido con su madre unos días antes. Eso fue suficiente para que se convirtiera en responsable de su muerte.
De nada sirvieron sus palabras. Declaró que su madre dejó la casa en la mañana del 9 de de noviembre y regresó por la noche, después de que ella se hubiera acostado. El día siguiente se levantó y encontró el cadáver. No pudo explicar qué había ocurrido. Estuvo durmiendo toda la noche.
Al día siguiente, desde esa comisaría de policía donde fue interrogada, fue trasladada a la prisión de Moamba, donde estuvo más de tres meses. El 27 de febrero de 2011 llegó a la prisión civil de Maputo, donde pasó otros cinco meses más para ser transferida posteriormente a un tercer penal, la cárcel de mujeres Ndlha-vela. En total habían transcurrido 15 meses de detención preventiva cuando Muluka-Anne Miti, investigadora sobre Mozambique de Amnistía Internacional, la encontró. Compartía una pequeña celda con otras mujeres adultas que sí habían sido declaradas culpables de diferentes delitos. Ana Silvia seguía esperando juicio.
El 9 de julio de 2012, después de más de 20 meses detenida, fue acusada de asesinato y sentenciada a dos años de cárcel. Como ya había pasado más de la mitad de la pena en prisión preventiva, fue liberada. Jamás se realizó autopsia alguna al cadáver de su madre.
Irregularidades en el acceso a la justicia
Amnistía Internacional ha elaborado junto a la Liga Mozambiqueña de derechos humanos el informe Derechos bloqueados: arrestos, detención y tratos arbitrarios a los detenidos en Mozambique para denunciar injusticias como esta. En la mayoría de los casos que han encontrado, las personas detenidas que carecen de recursos no son informadas de sus derechos o no los entienden, no pueden defenderse ante las acusaciones, son representadas deficientemente -o ni siquiera lo son- y raramente son excarceladas hasta que se celebra el juicio. Estos procesos suelen dilatarse en el tiempo durante meses o años.
Según la legislación de Mozambique, todos los detenidos tienen que presentarse frente a un juez en 48 horas para verificar si su arresto es legítimo o no. Además, deben tener acceso a un abogado gratuito. Esto no ocurre actualmente. La legislación tampoco permite la reclusión sin juicio durante más de siete meses. Sólo en circunstancias excepcionales se puede ampliar hasta los 11 meses. Pero esto también se incumple a menudo.
Durante su visita a los centros penitenciarios, Muluka-Anne Miti habló con varios menores que aparentaban y dijeron tener menos de 16 años. Por debajo de esa edad debían ser liberados. Pero como no se les identifica, esto no sucede. Cuando preguntó a los funcionarios qué hacían allí, le contestaron que no era su responsabilidad comprobar la edad de los detenidos, que eran ellos los que tenían que demostrar los años que tenían. Algo difícil cuando en Mozambique sólo una minoría tiene certificados de nacimiento. Quienes provienen de familias con menos recursos no tienen ningún tipo de documentación.
En general, las prisiones en Mozambique están masificadas y cuentan con unas condiciones higiénicas y de atención médica precarias, así como con pocas oportunidades de aprendizaje y formación; absolutamente ninguna en el caso de los internos que no han sido juzgados aún. El círculo de pobreza y falta de recursos se repite continuamente.
El 38% de los la población penitenciaria está a la espera de juicio (aproximadamente 6.415 internos de una población de 16.881). En la prisión de Nampula, por ejemplo, la investigadora vio a 196 personas hacinadas en una celda de alrededor de 14 por 6 metros. Los detenidos se sentaban hombro con hombro y con las piernas encogidas en la única postura posible para caber en tan reducido espacio.
El acceso a la justicia en Mozambique está denegado a quienes no tienen dinero. No funciona para las personas pobres, que se pasan años languideciendo en prisión sin que las autoridades lo sepan o les importe que estén allí y en qué condiciones. Cientos de jóvenes aguardan que se revise su caso, que alguien les informe o que les den asistencia legal. La espera es larga e indefinida. Las autoridades de Mozambique deberían garantizar que nadie que no ha cometido un crimen sea encarcelado injustamente. Pero no lo hacen.
Original en : Blogs de El País . África no es un País
