Sierra Leona se convirtió en el más reciente país africano en recibir migrantes deportados desde Estados Unidos, en el marco del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. Un vuelo procedente de EE. UU. aterrizó en Freetown con nueve ciudadanos de África Occidental —cinco ghaneses, dos guineanos, un nigeriano y un senegalés—, quienes, según autoridades locales, llegaron visiblemente afectados tras meses de detención. El ministro de Asuntos Exteriores, Timothy Musa Kabba, explicó que inicialmente se esperaba la llegada de 25 migrantes, aunque finalmente sólo llegaron nueve. Posterior a su llegada, varios testigos informaron que los migrantes fueron trasladados bajo escolta policial después de bajar del avión.
De acuerdo a los comentarios de la funcionaria del Ministerio de Salud, Doris Bah, muchos de los deportados se encontraban afectados emocionalmente tras haber pasado meses detenidos y encadenados en Estados Unidos. Algunos fueron arrestados mientras trabajaban o incluso cuando hacían deporte. Las autoridades señalaron que serán alojados temporalmente en un hotel y que podrán permanecer hasta 90 días en Sierra Leona antes de regresar a sus países de origen.
El gobierno sierraleonés confirmó que aceptará hasta 300 deportados al año, siempre que provengan de países miembros de la CEDEAO, ya que según el ministro de Asuntos Exteriores, estas personas poseen desde hace años permisos de residencia en el territorio sierraleonés por ser ciudadanos de países de África Occidental. Los migrantes permanecerán temporalmente en Sierra Leona antes de ser repatriados a sus países de origen. El acuerdo incluye una ayuda estadounidense de 1,5 millones de dólares para cubrir costos humanitarios y operativos.
La medida forma parte de una estrategia de Washington para trasladar deportados a terceros países, incluso a naciones donde los migrantes no residían previamente. Estados Unidos ya ha alcanzado acuerdos similares con otros países africanos como Ghana, Ruanda, Uganda, Camerún, Sudán del Sur y Esuatini.
Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, han criticado estos acuerdos por considerar que vulneran normas internacionales y exponen a los migrantes a situaciones de mayor vulnerabilidad.
CIDAF-UCM