La muerte de Aimable Karasira, anunciada solamente unas horas antes de su salida de la cárcel, provoca un auténtico choc incluso más allá de Ruanda. Oficialmente, las autoridades penitenciarias afirman que el antiguo profesor universitario habría tomado una dosis excesiva de medicamentos destinados al tratamiento de sus problemas psicológicos. Según el portavoz del Servicio correccional ruandés, se habría tragado volluntariamente numerosos comprimidos cuando todas las formalidades de su liberación ya habían terminado. Pero esta versión genera más preguntas que respuestas.
Karasira acababa de cumplir una pena de cinco años de cárcel por “divisionista”, “incitación al odio” y difusión de un discurso contrario a la narrativa oficial del régimen del Frente Patriótico Ruandés (FPR). Sin embargo, a pesar de esta condena, ya grave, la fiscalía había apelado y reclamado treinta años suplementarios de cárcel. Este simple hecho revela hasta qué punto este hombre representaba una amenaza política para el poder de Paul Kagame. Su crimen real no era haber hecho un llamamiento a la violencia; su crimen era hablar.
Karasira era un superviviente tutsi del genocidio de 1994. Pero, contrariamente al relato oficial impuesto desde hace tres décadas por el régimen de Kigali, él afirmaba públicamente que su familia no solo había sido víctima de las matanzas cometidas por las milicias hutu extremistas. Sostenía igualmente que varios miembros de su familia habían sido asesinados por soldados del FPR, durante y después de la toma de Kigali. Su madre, que trabajaba para Médicos sin Fronteras y colaboraba con las redes humanitarias internacionales, habría sido ejecutada tras haber sospechado que había transmitido informaciones sobre masacres de civiles hutu atribuidas a las fuerzas del FPR. Su padre y varios de sus hermanos y hermanas habrían conocido la misma suerte durante los combates y en la inmediata post-guerra en torno a Kigali.
Estas declaraciones hacían explotar el relato monolítico construido por el régimen ruandés desde 1994, según el cual el FPR sería exclusivamente una fuerza de liberación irreprochable. Cualquier tentativa de salirse de esta versión oficial y evocar crímenes cometidos por los vencedores de la guerra es asimilada inmediatamente al “negacionismo” o al “divisionismo”. En consecuencia, Karasira representaba un peligro particular: era al mismo tiempo tutsi superviviente y crítico con el poder. Su misma existencia contradecía la propaganda de un régimen que pretende hablar en nombre de todos los supervivientes.
Desde su arresto, en mayo de 2021, denunciaba regularmente actos de tortura, privaciones de sueño, ausencia de cuidados sanitarios adaptados a su diabetes y a su depresión. En 2022, ante un tribunal de Kigali, había afirmado haber sido golpeado y privado de medicamentos en la cárcel de Nyarugenge. Varias organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch, habían documentado sus acusaciones y alertado sobre su estado de salud. Nada cambió.
Hoy, el mismo sistema que rehusaba desde hace años darle un tratamiento médico adecuado pide al mundo que creamos que ha muerto precisamente a causa de un exceso de medicación. La incoherencia es flagrante. ¿Cómo un detenido presentado como psicológicamente frágil y bajo constante vigilancia pudo absorber una cantidad mortal de medicamentos sin intervención inmediata? ¿Por qué las autoridades no han hecho públicas las imágenes de vigilancia de la cárcel? ¿Por qué este hombre ha muerto exactamente el día en que debía recobrar su libertad?
Para numerosos ruandeses este asunto recuerda inmediatamente la muerte del cantante Kizito Mihigo en febrero de 2020. Él también se atrevió a poner en cuestión el relato oficial sobre las víctimas del conflicto ruandés. Él también murió cuando estaba detenido, en circunstancias calificadas de “suicidio” por las autoridades. Tres años más tarde, en enero de 2023, el periodista John Wiliams Ntwali encontraba la muerte en un presunto accidente de moto que muchos consideran sospechoso. Cada vez aparecen los mismos esquemas: voces críticas, turbias circunstancias, investigaciones inexistentes o controladas por el Estado mismo.
El caso de Karasira pone de relieve una realidad profundamente desconcertante: en Ruanda, el estatuto de superviviente ya no protege a nadie cuando la memoria individual entra en contradicción con la memoria oficial impuesta por el poder. El régimen del FPR parece tolerar a los supervivientes únicamente cuando repiten fielmente el discurso del Estado. Los que cuentan una historia más compleja se convierten en enemigos a los que hay que neutralizar.
La desaparición de Aimable Karasira se produce en un clima en el que el miedo permanece omnipresente. Opositores políticos, periodistas independientes, antiguos militares, blogueros y simples ciudadanos críticos viven bajo una presión constante. Ruanda, sin embargo, sigue siendo presentado en la escena internacional como un modelo de estabilidad y desarrollo. Pero detrás de este escaparate cuidadosamente mantenido se oculta un aparato de seguridad acusado desde hace años de aplastar toda disidencia real o supuesta.
La muerte de Karasira no puede ser reducida a un banal incidente médico. Exige una investigación internacional independiente y creíble. Ya que cuando un Estado acumula muertes sospechosas, suicidios inverificables y accidentes que siempre golpean a las mismas categorías de personas es difícil seguir hablando de simples coincidencias.
Aimable Karasira quería contar lo que él había visto. Hoy ha muerto antes mismo de recuperar su libertad, pero su desaparición corre el peligro de producir el efecto inverso al buscado por el poder: transformar su voz reducida al silencio en un símbolo duradero de todas las memorias que el régimen ruandés intenta borrar.
Aline Uwamariya
Fuente: therwandan.com
[CIDAF-UCM]