Ruanda abrió ayer martes 29, una investigación formal sobre 20 funcionarios franceses sospechosos de desempeñar un papel en el genocidio de 1994, que dejó unos 800.000 muertos, declaró el fiscal general.
«La investigación, por ahora, se centra en 20 individuos que, según la información reunida hasta ahora, son requeridos por la autoridad de la fiscalía para explicar o proporcionar claridad sobre las acusaciones contra ellos», dijo el fiscal general Richard Muhumuza.
Esto permitirá a los fiscales decidir «si las personas involucradas deben ser formalmente acusadas o no». Muhumuza dijo que se había contactado con las autoridades francesas pertinentes y que se esperaba una cooperación plena.
Es probable que este movimiento agrave aún más las relaciones diplomáticas entre los dos países, que durante los últimos 22 años han visto irregularidades sobre el supuesto papel de Francia en el genocidio de los tutsis étnicos, a manos de extremistas hutus.
La disputa se centra en el papel de Francia antes del genocidio como un estrecho aliado del régimen nacionalista hutu de Juvenal Habyarimana. El derribo de un avión sobre Kigali el 6 de abril de 1994 fue el evento que provocó 100 días de matanza meticulosamente planeada.
Francia es acusada de haber escondido o ignorado las señales de advertencia, y de entrenar soldados y milicias que llevaron a cabo los asesinatos. Cuando el genocidio estaba en pleno apogeo, Francia fue acusada de usar su influencia diplomática para detener una acción efectiva.
Cuando finalmente envió tropas, en la Operación Turquesa, se le acusó de hacerlo sólo para contrarrestar el avance de los rebeldes tutsis de Kagame y permitir que los perpetradores escaparan al vecino Zaire, ahora República Democrática del Congo.
Francia, sin embargo, mantiene que su despliegue detuvo los asesinatos y salvó miles de vidas.
Los funcionarios franceses insisten que la culpa de no prevenir el genocidio es compartida por toda la comunidad internacional y, a su vez, acusan a Kagame de plantear la cuestión para distraer la atención de su propio historial de violación de derechos humanos.
AFP
(Traducción y edición: Marta de la Mata)
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