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Human Rights Watch

Organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Su personal está integrado por profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas y académicos de diversos orígenes y nacionalidades. Fundada en 1978, Human Rights Watch es reconocida por la investigación precisa de los hechos, la presentación de informes imparciales, el uso efectivo de los medios de comunicación, y la defensa de objetivos, a menudo, en asociación con grupos locales de derechos humanos. Cada año, Human Rights Watch publica más de 100 informes e información periódica sobre las condiciones de derechos humanos en 90 países, generando una amplia cobertura en los medios de comunicación locales e internacionales. Gracias a la influencia que esto genera, Human Rights Watch se reúne con los gobiernos, las Naciones Unidas, grupos regionales como la Unión Africana y la Unión Europea, las instituciones financieras y las corporaciones para presionar por cambios en la política y las acciones que promueven los derechos humanos y la justicia en todo el mundo.

- Human Rights Watch

- @hrw_espanol

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Arozarena, Ramón

Catedrático de Francés, jubilado.

Cooperante con su mujer en Ruanda, como profesores de la Escuela Normal de Rwaza, de 1969 a 1973.

Coordinador de la red de escuelas primarias en los campos de refugiados ruandeses de Goma (Mugunga, Kibumba, Kahindo y Katale), en 1995, con un programa de Caritas Internacional.

Observador – integrado en las organizaciones de la sociedad civil congoleña – de las elecciones presidenciales y legislativas de la República Democrática del Congo, en Bukavu y en Bunia, en julio y octubre de 2006.

Socio de las ONGDs Nakupenda-Áfrika, Medicus Mundi Navarra y colaborador de los Comités de Solidaridad con África Negra (UMOYA).

Ha traducido al castellano varios libros relativos a la situación en Ruanda.

Ha escrito y/o traducido para CIDAF (Ahora Fundación Sur) algunos cuadernos monográficos sobre los países de la región de los Grandes Lagos.

Parlamentario por Euskadiko Ezkerra, entre 1987-1991, en el Parlamento de Navarra.

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Reseña del Informe de Human Rights Watch sobre derechos humanos en República Democrática del Congo en 2021

21 de enero de 2022.

Según Human Rights Watch (HRW) @hrw_espanol, la ruptura en diciembre de 2020 de la alianza entre el Presidente Félix Tshisekedi con la coalición ligada al antiguo presidente Joseph Kabila creó ciertas expectativas de posibles mejoras. Sin embargo pocos han sido los progresos realizados en la mejora de la situación humanitaria y de los derechos humanos.

En el este del Congo, grupos armados, y a veces miembros de las fuerzas armadas gubernamentales, han cometido masacres, secuestros, violencias sexuales, ataques a población civil, reclutamiento de niños, con total impunidad.

El presidente impuso en mayo de 2021, el estado de sitio y un régimen militar en los Kivu e Ituri, provincias especialmente afectadas por la violencia. Las operaciones militares no parecen haber mejorado la protección de la población civil: más de 1.600 fueron asesinadas. ADF (grupo islamista ugandés) sería el responsable de más de la mitad de dichos asesinatos. En diciembre, se iniciaron operaciones conjuntas de los ejércitos congoleño y ugandés contra el grupo ADF.

En 2021, las autoridades reprimieron la disidencia (defensores de los derechos humanos, movimientos pro-democracia, periodistas, manifestantes). La presunta injerencia del poder en el establecimiento de una nueva Comisión electoral, una proposición de ley sobre “la congoleñidad”, generó momentos de especial de tensión. Partidarios del partido del presidente, la UDPS, agredieron, por ejemplo, a sacerdotes e Iglesias que reivindicaban un presidente de la comisión electoral que fuera independiente.

Human Rights Watch enumera una serie de datos significativos:

  • Hay en el Congo 5 millones de desplazados.
  • Un tercio de los habitantes vive en situación de hambruna grave.
  • El cierre de los centros escolares ha afectado a 19,2 millones de niños.

El informe de HRW desglosa luego la situación por capítulos/temas, como Libertades de expresión y reunión, Ataques contra civiles por parte grupos armados o por las fuerzas armadas, Justicia y rendición de cuentas, Medio ambiente y Cambio climático y Actores internacionales

Libertades de expresión, de reunión pacífica

Las fuerzas de seguridad y las autoridades han perseguido, amenazado, detenido y en algún caso llevado a ante los tribunales, a periodistas, activistas y críticos con las políticas del gobierno. Se citan concretamente los nombres de varios miembros del Movimiento ciudadano LUCHA (Lutte pour le Changement), detenidos (en Beni, Butembo, Goma), mantenidos en la cárcel un tiempo, liberados, juzgados y absueltos. En noviembre, 13 militantes de LUCHA fueron detenidos en Beni por protestar pacíficamente contra la ley marcial y seguían en la cárcel cuando se redactaba el informe. Las autoridades detuvieron en febrero, en Masisi (Kivu-norte) a tres miembros del movimiento Jicho ys Raiya, por haber criticado el funcionamiento de las estructuras de salud de la zona; seguían encarcelados en Goma cuando se redactaba el informe.

Dos antiguos empleados de banca, que habían denunciado malversaciones de fondos y blanqueo de dinero, fueron condenados a muerte en rebeldía; otro antiguo empleado, Jean-Jacques Lumumba, activista anti-corrupción exiliado, fue objeto de amenazas e intimidaciones en Europa. El coordinador de las juventudes del partido Ensemble pour la République fue condenado a 22 meses de cárcel por “desobediencia civil” y haberse opuesto a la proposición de ley sobre la “congoleñidad”.

La prohibición de manifestaciones fue frecuente a la par que el recurso a la fuerza excesiva para dispersarlas (en Goma, Butembo, Beni); las muertes y los heridos fueron numerosos. El 29 de abril decenas de alumnos que reclamaban la paz en Beni fueron zarandeados y golpeados por las fuerzas del orden público; el presidente Tshisekedi presentó sus excusas a estos alumnos, pero nombró al responsable de los excesos policiales, François Kabeya, alcalde de Goma.

Ataques contra civiles por los grupos armados o fuerzas gubernamentales

En torno a 120 grupos armados seguían activos en las provincias del este de la RDC (Ituri, Kivu-norte y Kivu-sur y Tanganyka). Un elevado número de los jefes de estos grupos están implicados en crímenes de guerra, masacres, violencias sexuales, reclutamiento de menores y saqueos. El “Baromètre sécuritaire du Kivu” cifra en al menos 2.347 los civiles asesinados en estas provincias; en este balance estaría incluidos al menos 268 civiles matados por las fuerzas de seguridad congoleñas.

Los resultados de las operaciones de las fuerzas de seguridad contra los grupos armados son modestos; a veces han recurrido a apoyarse en milicias enfrentadas a otros grupos. Los cascos azules de la ONU han apoyado a las tropas oficiales en operaciones conjuntas. En el Kivu-sur, las tensiones entre las comunidades de las altiplanicies han seguido siendo vivas, con implicación de varios grupos armados, algunos de ellos apoyados por países vecinos.

El 22 de febrero murió en una emboscada el embajador italiano en la RDC y su escolta en una carretera al norte de Goma; expertos de la ONU declararon la imposibilidad de establecer la identidad de los agresores.

En julio, el Presidente Tshisekedi lanzó un nuevo programa de Desarme y Desmovilización. Numerosos activistas congoleños expresaron su inquietud con relación al nombramiento del coordinador del programa, Tommy Tambwe, antiguo cuadro de los principales grupos rebeldes apoyados por Ruanda y responsables de innumerables exacciones durante los 25 años pasados.

Justicia y rendición de cuentas

Francia detuvo en enero a un antiguo jefe de guerra congoleño, Roger Lumbala, por complicidad en la ejecución de crímenes contra la humanidad, según quedó documentado en la investigación del Informe Mapping publicado por la ONU en 2021 sobre crímenes cometidos en el Congo entre 1993 y 2003.

HRW se hace eco del asesinato, en febrero, de 67 personas, y del incendio de 1.200 hogares en aldeas entorno al parque de Salonga y del hecho de que a pesar de la detención de los sospechosos, la investigación no ha avanzado.

Bernard Ntaganda, antiguo jefe rebelde, que en su día se incorporó al ejército congoleño con el grado de general, fue juzgado por el Tribunal Penal Internacional y condenado a 30 años de cárcel, en marzo.

A partir del mes de mayo las provincias Kivu-norte e Ituri están en estado de sitio y en ellas algunos civiles han sido llevados ante tribunales militares, lo que contraviene los principios sobre derechos humanos de la Comisión africana.

El informe de HRW pone de relieve la existencia de graves fallos en el sistema judicial nacional congoleño.

En 2017 se abrió el proceso relativo al asesinato de dos investigadores de la ONU y de sus chóferes e intérprete, proceso que prosiguió en 2021; con relación a este proceso fue detenido un periodista congoleño, lo que provocó denuncias de defensores de los derechos humanos.

En mayo de 2021 comenzó el proceso ante un tribunal militar relativo a las masacres en 2018 de Yumbi (asesinato de 535 personas), sin avances significativos.

Las revelaciones de medios internacionales empujaron a las autoridades a detener a varios oficiales superiores de la policía por su presunta responsabilidad en el asesinato en 2010 del reconocido defensor de los derechos humanos, Floribert Chebeya y de su chófer. El general John Numbi, implicado igualmente en este doble asesinato y huido ha sido declarado desertor.
El informe de HRW señala que varios reconocidos jefes de guerra (como Gédéon Kyungu y Guidon Shimiray Mwisa), responsables de numerosos crímenes y violaciones, buscados por la justicia, se han fugado o siguen activos en distintas zonas; en algún caso, según declaraciones de expertos de la ONU, las fuerzas de seguridad han recurrido para combatirlos a otra facción rival.

El Informe de HRW señala por último que las autoridades congoleñas han abierto una investigación como consecuencia de las revelaciones publicadas por un consorcio de medios internacionales de comunicación sobre asuntos de corrupción ligados a la época del antiguo presidente Joseph Kabila.

Medioambiente y cambio climático

El segundo bosque tropical del planeta está en el Congo. Si el carbono que retiene la selva fuera expulsado a la atmósfera congoleña, las consecuencias negativas podrían ser graves. A pesar de la imposición de una moratoria, los gobiernos sucesivos congoleños han seguido otorgando numerosos contratos de explotación de los bosques. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado ante la justicia a un antiguo ministro por haberse saltado la prohibición y otorgado concesiones a empresas chinas en 2020.

En julio, el gobierno congoleño elaboró un plan que preveía la supresión de la moratoria, que ha quedado subordinado a una planificación geográfica de futuros permisos. El presidente Tshisekedi se comprometió en la cumbre sobre el clima organizada por los EEUU a estabilizar la cobertura forestal del país en un 63% de aquí a 2030. En abril fue adoptado en la Asamblea nacional un proyecto de ley sobre los derechos de los congoleños sobre sus territorios tradicionales; falta la votación en el Senado. Poner fin a la moratoria sobre las concesiones sin disponer de un marco protector de los derechos de los pueblos autóctonos podría impedir que las comunidades accedieran a sus bosques frente a las empresas.

Principales actores internacionales

En enero de 2021, el Comité de derechos humanos de la ONU concluyó que la RDC había violado el derecho a la vida del defensor de los derechos humanos Pascal Kabungulu, víctima de una ejecución extrajudicial en 2005.

En septiembre, una comisión independiente estableció que más de 80 trabajadores humanitarios habían estado implicados en abusos y explotación sexual de mujeres entre 2018 y 2020, en el contexto de la epidemia de Ébola.

En octubre, el Consejo de derechos humanos de la ONU decidió prorrogar el mandato del equipo de expertos internacionales sobre la situación en la región de Kasai y extender su mandato al conjunto del país.

Ramón Arozarena

Fuente: Human Rights Watch



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