La corte criminal de Argel condenó a muerte a nueve personas por tráfico de drogas el pasado lunes. Se trata de las primeras condenas a muerte en el país tras la aprobación de la nueva ley 25-03 en julio de 2025, relativa a la prevención y represión del uso y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Los nueve condenados, de los cuales se ha juzgado a tres en presencia y seis en ausencia, han sido vinculados a una misma operación de septiembre de 2025 en la que se incautaron 113 kg de cocaína y más de 225000 comprimidos de pregabalina. Los cargos incluyen importación, transporte, expedición y almacenamiento con intención de venta de drogas duras, así como intento de vulneración de la seguridad nacional, inmigración clandestina, blanqueo de dinero y usurpación de identidad. Todos los cargos han sido encuadrados dentro de la actividad de un grupo criminal organizado.
Argelia mantiene de facto una moratoria sobre las penas de muerte desde 1993, cuando se ejecutó la última sentencia, pero los tribunales continúan emitiendo estas penas y ampliando los campos de su aplicación. Todo esto, a pesar de que Argelia es un país signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que restringe y regula la aplicación de la pena de muerte.
Fuentes: Le Matin d’Algerie – TV5 Monde – OHCHR
[CIDAF-UCM]