Después de Ibrahim Boubacar Keita en Malí y de Alpha Condé en Guinea, ha sido el presidente burkinés Kaboré quien ha sufrido el último golpe de Estado.
Un breve análisis de esta corriente dictatorial, que toma fuerza sobre todo en África occidental, delata, entre otros aspectos, la indignación de muchos pueblos africanos, una clara vertiente hacia la imposición militar, así como el control y la manipulación de los recursos disponibles a expensas de la inmensa mayoría.
En todos estos países encontramos datos comunes: pobreza material, a veces extrema, fragilidad de la democracia, crisis sanitaria, educativa y económica, deterioro de seguridad en la región del Sahel por el terrorismo yihadista, corrupción en los gobiernos y escasa implicación de la sociedad civil en la gestión de la democracia y de los recursos.
Países como Sudán del Sur, Chad, Burkina Faso, Malí, Guinea-Conakry, Sudán y Etiopía han sido escenario de recientes golpes de Estado. En general, organizaciones como la Unión Africana y las Naciones Unidas (ONU) no impusieron duras sanciones contra los golpistas y terminaron por reconocer a quienes se tomaron el poder.
No es que los africanos amen las dictaduras militares, es que ante gobernantes que se aferran al poder, cambian la Constitución o imponen el nepotismo y el mal gobierno sin dar ninguna opción a una alternancia democrática, los militares emergen en algunos países como la única opción de cambio. El cambio del autoritarismo a la democracia no se produce en unos pocos años.
El apoyo de las grandes potencias a gobiernos autoritarios en África está ligado a la lucha contra el terrorismo yihadista y al control de los recursos naturales.
Algunos datos:
Sudán: Omar al-Bashir, con 30 años de régimen autocrático, se veía obligado a dejar el poder en abril de 2019. Un acuerdo entre civiles y militares permitió la creación de un Consejo Soberano y un Gobierno mixto que debería haber pilotado la transición a la democracia hasta la celebración de elecciones libres en 2023. Con el primer ministro Abdalla Hamdok detenido por los militares, las protestas no tardaron en llenar las calles de nuevo. Gracias a una sociedad civil valiente, hay esperanza.
Chad: El pasado 20 de abril, un día después de la muerte del dictador Idriss Déby Itno, en el frente de guerra –liderando una ofensiva militar contra los rebeldes del norte-, su hijo Mahamat Idriss Déby tomaba las riendas del país como presidente del Consejo Militar de Transición. Prometía elecciones libres y democráticas en un plazo de 18 meses, con ciertas condiciones que, evidentemente, no se han cumplido.
Malí: Tras varios meses de intensa contestación social, el presidente Ibrahim Boubacar Keita era desalojado del poder por los militares en agosto de 2020. El coronel Assimi Goita, jefe de la Junta que lideró el golpe del verano anterior, se convertía en el presidente interino. Desde 2012 los separatistas de la etnia tuareg permitieron que grupos militantes vinculados a Al Qaeda tomaran el control de la mitad norte del país. Una sociedad decepcionada, acepta el cambio.
Guinea-Conakry: El penúltimo de los golpes de este sacudido año 2021 se produjo el pasado mes de septiembre en Guinea. El presidente Alpha Condé, 82 años a la sazón, y reelegido en octubre de 2020 para un tercer mandato en medio de una fuerte contestación popular, fue detenido por los militares. El futuro de este país de África Occidental es incierto.
Etiopía: Abiy Ahmed llegó al poder en 2018 tras las protestas antigubernamentales que comenzaron en las regiones de Tigray, Oromía y Amhara en 2015. El primer ministro etíope concedió la amnistía a muchos presos políticos y provocó un resurgimiento del nacionalismo étnico. El enfrentamiento militar entre los dos grupos más poderosos: el ejército federal de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), armados por gobiernos poderosos externos, están causando crímenes contra la humanidad, millones de desplazados y privación de los servicios más básicos: alimentos, medicinas, seguridad, etc. De hecho, se está causando un genocidio ante los ojos de África y del mundo. Aumenta la débil mediación de la UA y de otros países interesados.
Burkina Faso: Compaoré gobernó sin interrupción el país desde 1987 hasta que impulsó una enmienda constitucional que le permitía volver a ser candidato presidencial en 2014, lo que provocó una crisis que convirtió las calles de las ciudades en una zona de protesta y de liberación esperanzadora. Más tarde, en 2015, el regimiento de la Guardia Presidencial tomó como rehenes al presidente interino, Michel Kafando, y a los ministros del país. El Gobierno se disolvió y el grupo tomó el poder. El pasado 24 de enero 2022, el presidente Kaboré sufría el último golpe de Estado en el país, con el coronel Damiba al mando. El pueblo decepcionado tolera el cambio con escasa violencia.
Sudán del Sur: Un intento de golpe de Estado en diciembre de 2013 provocó una guerra civil en Sudán del Sur, que todavía perdura. Cuando el presidente, Salva Kiir, destituyó en julio de 2013 al vicepresidente, Riek Machar, este último y sus fuerzas hicieron un intento de golpe de Estado que terminó deparando una guerra civil entre grupos étnicos: los dinka y los nuer. Miles de personas perdieron la vida en la guerra que terminó en 2018, mientras que cientos de miles de personas fueron desplazadas. La inseguridad continúa.
Breve análisis de los datos:
Un golpe de Estado militar nunca es una buena señal y las condenas internacionales son necesarias, pero insuficientes. Sorprende que en los últimos golpes de Estado en Malí, Guinea-Conakry y Burkina Faso, por ejemplo, la población celebró de manera mayoritaria los golpes de Estado, acontecidos en un contexto de fuerte deterioro democrático, de corrupción, de inseguridad ante la escasez de servicios y el avance del yihadismo. Este contexto actual de gobernanza irresponsable y sin valores humanos es muy preocupante.
Está previsto que la Comisión Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO/ECOWAS) envíe en los próximos días una delegación a varios países para negociar un calendario electoral entre los militares golpistas y la sociedad civil.
Algunos movimientos ciudadanos como “Balai Citoyen”, o “Sauvons le Burkina” denuncian la gestión calamitosa de Kaboré y de otros líderes de la región que nunca lograron estar a la altura de las aspiraciones de la sociedad civil.
Volvemos a ver miles de personas saliendo a las calles de Uagadugú y otras ciudades burkinesas, pero esta vez, para celebrar la caída del presidente Christian Kaboré, como sucediera en 2014 con Compare, y también en Bamako con Keita, en agosto 2020.
Mientras la sociedad civil, a través sobre todo de los diferentes movimientos sociales, siga comprometida para garantizar un proceso democrático de gobernanza y un desarrollo económico sostenible, seguimos mirando al futuro africano con esperanza, a pesar de algunos retrocesos.
Lázaro Bustince
[CIDAF-UCM]
