El Estado fallido, o dicho de otra manera cómo los Estados fracasan, se ha convertido en un objeto de análisis que preocupa en el siglo XXI. Tradicionalmente, esta situación se caracteriza por la incapacidad de las principales instituciones estatales de proporcionar bienes públicos a sus ciudadanos por ser incapaces garantizar su seguridad física y de ofrecer entornos económicos productivos.

La fragilidad de un Estado es un indicador de lo susceptible que dicho Estado es de fracasar, y se presenta en forma de capacidades debilitadas, legitimidad disminuida y escasez de recursos. El riesgo y el alcance del fracaso giran inevitablemente en torno a la prevalencia de la violencia, el estado de la economía y la operatividad de las instituciones.

El Índice Mundial de Fragilidad publicado anualmente por el Fondo para la Paz (en el que 15 de los 20 países más vulnerables son africanos) emplea unos 12 indicadores. Éstos evalúan el alcance de la corrupción y la delincuencia, la capacidad de recaudar impuestos, la presencia de desplazados internos, la salud de la economía, los niveles de desigualdad, la persecución o discriminación institucionalizada, las presiones demográficas y la escasez de personal cualificado y el deterioro del medioambiente.

En el corazón de la fragilidad y el fracaso se encuentra la naturaleza de la organización política local, que determina las políticas que se adoptan. La fragilidad se intensifica cuando las decisiones se toman para satisfacer los intereses de una minoría visible, a veces definida en términos raciales, religiosos o étnicos. Más sencillamente, esto se puede entender como el grado de compromiso de los líderes con el bienestar popular, en otras palabras, la medida en que los líderes están dispuestos a tomar las decisiones correctas en defensa del interés nacional a largo plazo.

Los indicadores empíricos de Sudáfrica apuntan preocupantemente a una creciente fragilidad.

Sudáfrica se sitúa en la segunda mitad de la lista de estados, en la categoría de "riesgo elevado" del Índice de Fragilidad. Su tasa de crímenes violentos está entre las 10 más altas del mundo, con más de 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Su situación fiscal se debilita a medida que la deuda rebasa la línea del 60% del producto interior bruto, momento en el que su posición en el ranking de inversión por países empieza a peligrar. En cuanto a los estándares educativos más relevantes, como las matemáticas y las ciencias, Sudáfrica sigue obteniendo malos resultados. Su tasa de crecimiento económico se ha mantenido en torno al 1%. El hecho de que las empresas estatales estén en deuda es un indicador, cuando menos, de ineficiencia y del estado de la gobernanza.

Pero más importante aún es el hecho de que casi cuatro de cada diez sudafricanos están desempleados, lo que afianza la pobreza y empeora constantemente la desigualdad y la inestabilidad. Todo ello sugiere que las principales decisiones políticas que se han tomado han sido las equivocadas.

Las futuras decisiones deberían tener como objetivo estabilizar las finanzas públicas y empujar el crecimiento por encima de, al menos, el 3%, lo que también establecería un círculo positivo sobre la deuda y el desempleo.

Para lograrlo, cinco acciones serían de gran ayuda:

 En primer lugar, poner fin a esta locura, incluidos los mensajes confusos sobre la expropiación de tierras sin compensación, los murmullos sobre la nacionalización y el alto nivel de tolerancia al nacionalismo racial populista y divisivo.

 En segundo lugar, desarrollar un enfoque de precisión para la creación de empleo, examinando cada medida y determinando si ayuda u obstaculiza el empleo. ¿De qué sirve que exista un salario mínimo, como se legisló recientemente, cuando la economía no es capaz de generar el crecimiento necesario para crear nuevas oportunidades de empleo e ingresos que hagan que el salario mínimo sea sostenible?

 En tercer lugar, abordar el riesgo fiscal y reducir la carga que pesa sobre el gobierno mediante la comercialización de las aproximadamente diez empresas de propiedad estatal más relevantes (de un total de 131 empresas de este tipo). No parece haber otra manera de resolver el problema del servicio eléctrico, Eskom, cuya carga fiscal es de 419.000 millones de rublos (30.000 millones de dólares, diez veces la cifra de 2007), o de South African Airways, donde el actual régimen de rescate es similar a esperar una mejoría por parte de un alcohólico en fase de negación.

La reducción de la deuda del gobierno incluirá también la racionalización gradual del servicio público, que ya consume el 40% del presupuesto público, y el fin de la práctica de asignar mandatos presupuestarios sin financiación a los gobiernos locales. En la actualidad, unos 113 de los 278 municipios cuentan con este tipo de mandatos.

 En cuarto lugar, abrir aún más la economía a los mercados mundiales, no sólo a los inversores, sino también a los turistas. Empezando por permitir el acceso sin visado a todos los países con una renta per cápita más elevada, y permitir la presentación de solicitudes en línea al resto de países. Hay que dar prioridad al establecimiento de acuerdos bilaterales de libre comercio.

 En quinto y último lugar, descentralizar los servicios gubernamentales, en particular en los ámbitos de gobernanza local, la policía y el transporte. Por algo es esta una tendencia mundial. Los gobiernos locales y regionales están más cerca de las personas y, si se refuerzan lo suficiente, son capaces de lograr una mayor eficiencia. Se debe revisar la Constitución con miras a otorgar a las provincias facultades tributarias.

¿Es necesario un cambio en el sistema político para evitar el fracaso de Sudáfrica?

El problema del Congreso Nacional Africano (CNA) en el gobierno nunca ha sido su falta de apoyo, sino más bien su crónica falta de voluntad para tomar decisiones difíciles y, bajo el régimen del ex presidente Jacob Zuma, el haber autorizado el saqueo estatal. El problema con la oposición oficial, la Alianza Democrática (AD), es que no ha invertido lo suficiente en las herramientas y el talento humano para ejercer un escrutinio profundo y continuado del gobierno, proporcionar alternativas políticas creíbles y construir su marca de buena gobernanza. Estos fracasos han dado oxígeno a la única oferta que los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés) pueden hacer a la nación: una postura populista, promesas poco realistas y espectáculos públicos que no llevan a ninguna parte.

¿Hay esperanza? La última vez que Sudáfrica se enfrentó al fracaso emergió un nuevo liderazgo, con Nelson Mandela a la cabeza, para llevarnos de la política de supervivencia a la política de crecimiento mediante la definición de una visión clara y la promulgación de políticas prácticas para construir una nación próspera. Para mantener unidos a la izquierda y a la derecha en aras del interés nacional establecieron un Gobierno de Unidad Nacional que no duró mucho.

Los tiempos han cambiado, la globalización ha convertido a las naciones en entidades en ocasiones nostálgicas, pero existe ahora una necesidad de liderazgo visionario con las agallas para tomar decisiones difíciles que hagan avanzar a Sudáfrica.

Es muy posible que para reorientar la política y alejarla de la mera supervivencia hacia una visión económica y social convincente se requiera una versión actual, del siglo XXI, de un Gobierno de Unidad Nacional, creado a partir de lo mejor del CNA y el DA y expresado en forma de un nuevo contrato social, con la nación centrada en el crecimiento, el empleo y la seguridad.

Greg Mills y Wilmot James

Fuente: AllAfrica

[Traducción y edición, Mariana Entrecanales]

[Fundación Sur]

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