Dados los niveles de pobreza y desigualdad social en el África subsahariana, cabe preguntarse qué puede hacer la política fiscal (PF) para aliviar tales situaciones. La pobreza viene dada por bajos niveles de renta y consumo, y por falta de acceso a los servicios de educación, salud, y otras necesidades sociales. La desigualdad se centra en la mayor o menor equidad en la distribución de la renta y el consumo entre la población.
Se supone que la PF puede ser un instrumento eficaz para reducir la pobreza y redistribuir la renta. Porque es una política que puede afectar al nivel de ingresos de los hogares a través de impuestos y transferencias, además de la provisión de servicios educativos, sanitarios y sociales.
Los datos en el África subsahariana (FMI, 2015) muestran que el potencial redistributivo de la PF es reducido, por el bajo peso de los ingresos públicos en la renta nacional (apenas el 10%, frente a más del 30-40% en los países desarrollados), de modo que los gastos públicos también son muy reducidos; en realidad, los menores del mundo.
Además, la composición de los ingresos por impuestos limita el impacto de la PF. La mayor parte de los ingresos procede de la imposición indirecta (la paga toda la población en la misma medida, incluidos los pobres) y la menor parte, de la imposición directa sobre la renta y la riqueza (que no la pagan los ricos, en la medida que debieran).
Desde el lado de los gastos, el bajo acceso de las familias pobres a los servicios, las pensiones y las subvenciones es otro factor limitante para la reducción de la pobreza y la desigualdad.
Una política fiscal que haga frente a los bajos niveles de imposición y a las fuertes demandas de inversión en educación, salud y otros servicios debería basarse en una serie de criterios (Bastagli, Coady y Gupta, 2015):
– una imposición directa sobre la renta y la riqueza que reduzca exenciones y bonificaciones (incluidas las lagunas legales), por un lado, y las transferencias, por otro, son los instrumentos más eficientes para conseguir objetivos redistributivos.
– las subvenciones y los impuestos indirectos sobre el consumo no redistribuyen bien la renta (las familias ricas se benefician más que las pobres), por lo que deben utilizarse tipos reducidos para los bienes de mayor peso-alimentos básicos- en los presupuestos de las familias de bajos ingresos.
– los impuestos especiales (como los bienes de lujo) favorecen la redistribución de la renta por estar concentrados en los grupos sociales de mayores ingresos.
– el logro de ingresos suficientes del impuesto de sociedades es beneficioso para la eficiencia y la equidad del sistema fiscal, aunque se enfrenta a problemas derivados de la creciente movilidad internacional del capital.
– los programas de “transferencias de caja” o pagos directos de dinero a grupos de personas necesitadas, bien definidos y diseñados, pueden facilitar en determinados casos el acceso a la educación y a la sanidad, y reducir los niveles de pobreza y desigualdad.
Por tanto, en los países del África subsahariana es sensato combinar los impuestos directos, indirectos y las transferencias, y fortalecer sobre todo la capacidad administrativa, informativa y gestora del sector público- manifiestamente mejorable- para aumentar los ingresos impositivos. Sin mayores ingresos, difícilmente cabe plantearse objetivos redistributivos. Y sin beneficios derivados de los servicios públicos, los ciudadanos y las empresas tienen pocos incentivos para pagar impuestos.
Los cambios en esta materia son lentos y difíciles. Hay muchos intereses en juego. La tarea es hercúlea, pero factible. Se pueden documentar avances en diversos países. Todo un reto para una generación de africanos.
