La ONU advierte que Sudán del Sur corre el riesgo de un retorno a la guerra a gran escala.
Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur (CHRSS), publicado el 27 de febrero en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, concluyó que la población civil está sufriendo graves abusos, incluyendo asesinatos y violencia sexual sistemática, detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y privaciones, en medio de una crisis humanitaria cada vez más profunda.
Naciones Unidas ha advertido que Sudán del Sur corre el riesgo de un retorno inminente a la guerra a gran escala a menos que se ponga fin urgentemente a la arraigada impunidad y a los abusos generalizados en medio de la creciente violencia. El documento señala que las crecientes atrocidades y el colapso de las salvaguardias políticas en el país hacen imperativa una acción preventiva urgente, instando a los actores regionales e internacionales a ejercer presión diplomática, aplicar sanciones y hacer cumplir el embargo de armas de la ONU hasta que se logren mejoras concretas en materia de derechos humanos y rendición de cuentas.
El informe, basado en un año de investigaciones y testimonios, culpó al comportamiento de las élites políticas y militares por la peligrosa y frágil situación actual del país. La detención de líderes de la oposición, el rechazo del reparto del poder y los intentos de modificación de los términos del acuerdo de paz de 2018 han sometido a las fuerzas políticas del país a una gran presión aumentando la inestabilidad. También se documenta que el despliegue en Sudán del Sur de fuerzas armadas de la vecina Uganda, garante del acuerdo de paz de 2018, había fortalecido considerablemente a las fuerzas gubernamentales en términos militares y suscitado inquietudes fundadas sobre violaciones del embargo de armas impuesto por la ONU.
Según el CHRSS, los bombardeos aéreos realizados conjuntamente por los ejércitos de Uganda y Sudán del Sur habían tenido como objetivo zonas civiles, afectando predominantemente a las comunidades étnicas nuer en zonas con presencia mayoritaria de la oposición. La violencia en general y también la violencia sexual han sido utilizadas sistemáticamente por ambos grupos armados como instrumento estratégico del conflicto para aterrorizar a la población civil, impulsar desplazamientos y fracturar la cohesión social.
Ya hubo una guerra civil en Sudán del Sur en 2013, dos años después de obtener la independencia de Sudán, cuando el presidente Salva Kiir, miembro de la etnia dinka, la más numerosa del país, destituyó inicialmente a Riek Machar como vicepresidente, acusándolo de planear un golpe de Estado. Se estima que 400.000 personas murieron en los cinco años de la guerra librada principalmente por motivos étnicos, antes de que se restableciera la calma con el acuerdo de paz en 2018.
El arresto y la destitución del primer vicepresidente Riek Machar en 2025 y su procesamiento por asesinato, traición y crímenes de lesa humanidad, han socavado las garantías fundamentales de reparto del poder del acuerdo de paz y han provocado incertidumbre política y los enfrentamientos armados más graves en la última década. Machar, de etnia nuer, fue suspendido el año pasado como número dos de Sudán del Sur después de que combatientes del Ejército Blanco Nuer de la oposición invadieran una guarnición militar en la ciudad de Nasir.
Sudán del Sur no solo es el país más joven del mundo. Es también uno de los países más empobrecidos a pesar de contar con importantes reservas de petróleo y otros recursos naturales.
Las Naciones Unidas afirmaron a principios del mes de febrero que unas 280.000 personas han sido desplazadas por los combates y los ataques aéreos desde finales de diciembre. UNICEF advirtió la semana pasada que más de 450.000 niños corren riesgo de desnutrición aguda debido al desplazamiento masivo y la interrupción de servicios médicos esenciales en Jonglei. Casi 10 millones de personas necesitan asistencia humanitaria vital en Sudán del Sur, mientras que las operaciones humanitarias se han visto paralizadas a causa de ataques y saqueos. Los observadores afirman que ambos bandos en el conflicto han impedido que la asistencia humanitaria llegue a zonas donde, según creen, los civiles apoyan a sus oponentes.
Fuente: Al Jazeera
[Traducción y edición, Jesús Zubiría]
[CIDAF-UCM]