Con inmensa preocupación, los partidos UNITA, CASA-CE, PRS y FNLA han tomado conocimiento de la noticia publicada este viernes por la Comisión Nacional Electoral, según la cual su Plenario aprobó la elección de las empresas INDRA y SINFIC para la prestación de servicios electorales.

Esta información no corresponde a la verdad, una vez que el Plenario de la CNE, único órgano competente para decidir sobre la contratación de logística electoral, todavía no ha tomado conocimiento del informe final de la Comisión de Evaluación de las propuestas que ha solicitado, ni ha tomado cualquier deliberación en este sentido, en los términos de la Ley de Contratación Pública y de la Ley Orgánica sobre las Elecciones Generales.

Todo lo que se sabe, es que el día 21 de Abril, la CNE solicitó al mercado internacional, propuestas para la prestación de servicios electorales, mediante el procedimiento de contratación simplificada. Esas propuestas deberían de ser entregadas en el plazo de seis días útiles.

La gran mayoría de las empresas declinaron la invitación, al considerar que ese plazo era demasiado corto, que la invitación no contenía los elementos necesarios para la elaboración de una propuesta de calidad y que el proceso era cuestionable. Solo las empresas INDRA y SINFIC, que ya antes habían trabajado para la CNE habrán obtenido, no se sabe en qué condiciones, los elementos necesarios y presentaron sus propuestas.

Asimismo, la CNE pretende firmar ya este lunes 8 de mayo, dos contratos que involucren cerca de 200 millones de dólares, con base en una sola propuesta elaborada en circunstancias poco transparentes.

Lo más grave es que el cuaderno de encargos que integra uno de los contratos que la CNE pretende firmar este lunes para el desarrollo de una solución tecnológica para la transmisión de los resultados electorales, no está en conformidad con la ley.

La ley nº36/11 de 21 de Diciembre (Ley Orgánica Sobre las Elecciones Generales) en sus artículos 123 y siguiente, establece dos flujos de información: uno, para el apuramiento provisional y otro para el definitivo. La CNE pretende que haya un solo flujo, el provisional, que será transformado en escrutinio definitivo. De esta forma, en vez de que sean los resultados municipales que dicten los provinciales y éstos dicten los nacionales, la CNE pretende que los resultados apurados en las mesas de voto sean en primero lugar transmitidos a la capital Luanda, a fin de que sea el resultado nacional el que determine los resultados provinciales. Esta es la actuación que ha ido haciendo con que la CNE no publicara jamás los resultados electorales por municipio, distrito, comuna, asamblea y mesa de voto, tal y como exige la transparencia electoral.

La ley también establece, que los resultados electorales deben de ser transmitidos por la vía más rápida hacia los dieciocho puntos de recepción que son las Comisiones Provinciales Electorales. Pero la CNE pretende que el destino sea solo un punto: la Comisión Nacional Electoral.

La Ley nº 36/11 establece también en su artículo 123, nº 2, que los resultados electorales provisionales son transmitidos directamente a partir de las asambleas de voto. Pero la CNE quiere que la empresa española INDRA organice la transmisión de los resultados a partir de las Comisiones Municipales Electorales.

Además, la ley establece que los resultados apurados en las mesas de voto, deben de ser transmitidos, a partir de las asambleas de voto por los presidentes de las asambleas de voto y solo por ellos. Pero la CNE quiere introducir la participación de otras personas, incluyendo 12 000 agentes extraños al proceso de transmisión de los resultados, a los que llama supervisores logísticos.

En sus discursos oficiales, públicos, todas las voces suelen manifestarse favorables a la necesidad de celebración de elecciones que decoran dentro de la lisura, transparencia y justicia que permitan que los resultados publicados reflejen solo la voluntad expresa por los ciudadanos electores en las urnas. Pero lo que hemos estado a asistir, no puede concurrir para el logro de eses objetivos.

Recordamos que las empresas que están siendo elegidas, son las mismas que han participado en los pucherazos de 2008 y 2012. En 2008 por ejemplo, INDRA produjo más boletines de voto que las que la CNE dijo haber recibido, y suministró un sistema tecnológico que no estaba en conformidad con la ley. La SINFIC a su vez, fue la empresa que asesoró al Ministerio de la Administración del Territorio y la CNE en la producción de cuadernos electorales incorrectos.

Ante esta situación de tamaña gravedad que una vez más, suelta una nube que hace opaco el proceso electoral, las fuerzas políticas concursantes a las elecciones del 23 de agosto de 2017 aquí presentes, cumplen el deber de informar al Pueblo soberano de Angola y a la Comunidad Internacional que la lisura, la legitimidad y la validad del proceso electoral están amenazadas.

Por ello, en nombre de las formaciones políticas que representamos, lanzamos un vehemente llamamiento para la corrección inmediata de esta situación que, lesionando la ley, está echando bases para un proceso no transparente ni democrático, que solo tiene en vista la manipulación de los resultados electorales.

Recordamos también que los actos que la CNE pretende practicar el próximo lunes con las empresas INDRA y SINFIC en nombre del Estado angoleño, quedan viciados de invalidad, si no son efectuados en los términos que establece la Constitución y de la Ley.

UNITA, CASA-CE, PRS y FNLA declaran que irán a responsabilizar esas empresas ante las autoridades reguladoras competentes de sus países, en el caso de que firmen con la CNE contratos que visen defraudar al Pueblo Angoleño y provocar la inestabilidad en Angola.

Luanda, 6 de mayo de 2017

Los Partidos:

 UNITA

 CASA-CE

 PRS

 FNLA

[Fundación Sur]

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