Human Right Watch y los seguidores del disidente de alto rango, Mohamed El Baradei, han condenado la extensión de Egipto del estado de emergencia, que lleva en vigor décadas, alegando que las nuevas restricciones a su aplicación son “meramente cosméticas”.
El primer ministro Ahmed Nazif había pedido con anterioridad al parlamento que renueve la ley de emergencia para otros dos años, prometiendo limitar los poderes extraordinarios que da a las autoridades en casos de terrorismo y narcóticos.
“El gobierno ha afirmado en repetidas ocasiones que limitaría la utilización de la ley de emergencia a los casos de narcóticos y terrorismo. Esta no es una nueva postura”, señalaba Heba Morayef, de HRW desde El Cairo. “El historial registrado por el gobierno ofrece pocas razones para el optimismo con respecto a un cambio de actitud”.
Pero el hecho de que el gobierno sienta la necesidad de abordar esta cuestión de la aplicación de la ley es una señal de que están bajo presión, y saben que la ampliación de la ley de emergencia hace que parezcan malos”.
Nueva mirada, vieja ley
La ley que ha estado en vigor desde el asesinato del presidente Anwar Sadat, en 1981, da a la policía amplios poderes para arrestar, suspender los derechos constitucionales y poner freno a la actividad política no gubernamental.
Las autoridades de Egipto han utilizado el estado de emergencia para reprimir a los oponentes políticos, incluido el mayor movimiento de oposición del país, el prohibido movimiento de los Hermanos Musulmanes, cuyos miembros están en el parlamento ocupando sus escaños como independientes.
“Es sólo una nueva mirada para la vieja ley de emergencia”, afirma George Ishak, un veterano miembro de la Asamblea Nacional para el Cambio, liderada por El Baradei, un ex director de la Agencia Internacional para la Energía Atómica, IAEA.
La ley “todavía será utilizada contra la oposición porque las autoridades pueden acusar a cualquiera de ellos de terrorista”, declaró.
“Hemos vivido bajo la ley de emergencia durante 30 años y queremos una vida normal. Si lo que se pretende realmente es preservar la seguridad, hay en vigor un código criminal para ello”, explicó Ishak.
(News 24, 12-05-10)
