La Comisión europea anunció el pasado miércoles una medidas destinadas a responsabilizar a las empresas, concretamente del sector electrónico, que importan minerales provenientes de zonas en conflicto, esencialmente de África Central. “estamos decididos a impedir que el comercio internacional de minerales contribuya a la escalada o persistencia de conflictos”, ha declarado Catherine Ashton, y el Comisario de comercio Karen De Gucht, ante la propuesta legislativa, que, sin embargo es considerada insuficiente por las ONG.
El mecanismo concierne a todas las empresas importadoras de cuatro minerales, brutos o transformados como el tantalio, estaño, tungsteno y oro, utilizados en la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles y televisiones. Se propone un sistema de verificación voluntaria que demuestre que los minerales que importan no han sido comprados en beneficio de grupos armados o milicias que financian así sus actividades. La Unión Europea (UE), donde existen más de 400 importadores de esos minerales, “se propone publicar cada año una lista de fundiciones y refinarías responsables”, para garantizar que “las cadenas de aprovisionamiento son limpias”.
Los cuatro minerales concernidos son a veces calificados de “minerales de sangre”, ya que su jugoso comercio alimenta numerosos conflictos locales desde hace una veintena de años, sobre todo en la RDC y en la región de los Grandes Lagos, especialmente rica en recursos naturales. Estos conflictos han causado millones de víctimas y afectan permanentemente al desarrollo económico de estos países.
La iniciativa de la UE ha provocado un intenso debate en el que se han implicado ONG y lobbies industriales desde 2010, fecha en la que los EEUU adoptaron la Dodd Franck Act que impone a las empresas americanas la obligación de controlar el origen de los minerales provenientes de África central.
Varias ONG, entre ellas CCFD-Terre solidaire y Amnistía Internacional, han lamentado las propuestas de la Comisión porque las consideran “no suficientemente estrictas” y que, en consecuencia, no tendrán “probablemente un impacto significativo en los métodos de aprovisionamiento de la mayoría de las empresas europeas”. Chantal Daniels, de Christian Aid, ha declarado que “La Comisión ha desperdiciado la oportunidad de proponer una legislación que habría ayudado verdaderamente a millones de personas en los países asolados por la guerra”. La propuesta de la Comisión debería entrar en vigor en 2015, como pronto, tras su adopción por el Parlamento y por el Consejo, que representa a los Estados.
Le Potentiel Online (RDC)
