El miércoles y viernes de la semana pasada las calles de Harare, capital de Zimbabwe, fueron escenario de importantes manifestaciones contra el gobierno del nonagenario presidente del país Robert Mugabe. La primera fue convocada por organizaciones juveniles y estudiantiles; la segunda -más masiva- contó con el respaldo de 18 partidos políticos y organizaciones sociales que exigen una reforma electoral de cara a las elecciones de 2018.
Ambas protestas fueron reprimidas por la policía que disparó balas de goma y gases lacrimógenos ante los manifestantes que realizaron bloqueo de calles, quema de neumáticos y algunos negocios. Si bien hay informaciones diversas, se estima que más de 60 personas fueron detenidas.
Desde una conferencia internacional en Kenia, Mugabe aseguró que no habrá “primavera árabe” en su país, haciendo referencia a los movimientos que hace algunos años derrocaron gobiernos en distintos países de Medio Oriente.
Las protestas son el acumulado de una larga crisis económica que se ha agudizado en el último tiempo. A comienzos de julio también hubo incidentes en la zona del puesto fronterizo de Beitbridge cuando el gobierno anunció que prohibirá la importación de una gran cantidad de productos para tratar de recomponer su ahorro en divisas así como también fortalecer la producción nacional.
Debido a que el 85% de los habitantes del país no tienen un trabajo formal, muchos de ellos viven de comprar bienes en territorio sudafricano para venderlos en Zimbabwe. También hubo un paro nacional de trabajadores estatales por el atraso en el pago de salarios y la alta inflación.
Cabe recordar que hace siete años el país decidió adoptar como moneda oficial al dólar estadounidense -junto a otras divisas como la libra esterlina, el yuan, el yen, el rand sudafricano, entre otros, tras el colapso del dólar zimbabwense. Sin embargo esto ha generado una recurrente falta de dinero en circulación y otros problemas económicos.
NOTAS
[Fundación Sur]
