El Tribunal Penal Internacional, ICC, ha entregado una lista que contiene los nombres de 20 importantes personalidades de Kenia considerados los máximos culpables del caos que afectó al país tras las elecciones de 2008.
El fiscal jefe de La Haya, Luis Moreno Ocampo declaró el día 3 de marzo que la lista contiene los nombres de 20 altos cargos políticos y empresarios tanto del PNU [partido del presidente Mwai Kibaki] como del ODM [partido del primer ministro Raila Odinga].
Pero los nombres todavía son información confidencial y sólo están disponibles para ayudar al tribunal a decidir si permite a Ocampo abrir oficialmente las investigaciones sobre el caso de Kenia.
Esta lista es la respuesta a una petición de los jueces de la cámara preliminar el pasado 18 de febrero, para que el fiscal los diera más información sobre la violencia post electoral en Kenia.
El fiscal ha aclarado que los altos cargos políticos y líderes empresarios asociados con los principales partidos políticos, el PNU y el ODM, “organizaron, incitaron y financiaron los ataques contra la población civil por su supuesta afiliación étnica o política”.
El PNU estaba en el gobierno en aquel tiempo y el ODM era el principal partido de la oposición. “Estos líderes de ambos partidos estaban motivados por sus propios objetivos políticos, para mantener o acceder al poder”, señaló Ocampo que agregó: “Utilizaron sus redes personales, gubernamentales, empresariales o tribales para cometer los crímenes. Implementaron su política con la colaboración de una serie de funcionarios del estado y de instituciones públicas y privadas, como miembros del parlamento, funcionarios del gobierno, la policía y las bandas juveniles”.
El fiscal de La Haya ha entregado a los jueces del ICC una lista de los incidentes criminales más graves, y una lista de 20 personas seleccionadas que podrían ser los máximos responsables de dichos crímenes. Ambas listas están contenidas en anexos confidenciales.
Estas 20 personas han sido identificadas durante el trascurso de las diferentes investigaciones sobre la violencia post electoral, incluidas las llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Kenia de Derechos Humanos y la Comisión de Investigación de la Violencia Poselectoral, la Comisión WAKI.
“en este punto, los nombres sólo son indicativos. Las acusaciones concernientes a los individuos tendrán que ser consideradas teniendo en cuenta las evidencias recogidas de manera independiente por mi oficina. Si los jueces autorizan la investigación, me comprometo a invitar a los que deseen aclarar su rol o proporcionar más información”, aclaró Ocampo.
El fiscal también reiteró ante los jueces que ninguna de las personas nombradas en la lista se ha enfrentado a la justicia en Kenia por los crímenes. También pidió a los jueces que tomasen una decisión rápida, ya que tanto las víctimas como los considerados sospechosos, necesitan que se haga justicia.
El señor Ocampo se presentó ante el tribunal el pasado 26 de noviembre, pidiendo autorización para lanzar investigaciones sobre la violencia poselectoral. El caos, que estalló tras las elecciones presidenciales de 2007, causó la muerte de más de 1.000 personas y el desplazamiento de unas 650.000.
Bajo el estatuto de Roma, los jueces, después de examinar la petición, pueden tomar la decisión de permitir al fiscal lanzar las investigaciones pertinentes o pedirle más información al respecto.
(Daily Nation, Kenia, 03-03-10)
