Según Human Rights Watch (HRW) los servicios de inteligencia burundeses (SNR) han torturado a decenas de presuntos simpatizantes de la oposición. La policía y los miembros de la liga juvenil del partido gobernante, Imbonerakure, también han cometido graves abusos, a menudo en colaboración con los servicios de inteligencia. A los detenidos, después de ser torturados, se les negaba la atención médica y se les encerraba en habitáculos malolientes y sin ventanas.
«La tortura por motivos políticos a manos de los servicios de inteligencia de Burundi ha alcanzado nuevas cotas», declaró Daniel Bekele, director para África de HRW. «Los agentes de inteligencia tratan a los presuntos opositores con una brutalidad inhabitual porque saben que pueden salirse con la suya. El gobierno debe poner fin a la tortura de inmediato».
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debería desplegar con urgencia a la policía internacional en Burundi y establecer una comisión internacional de investigación para investigar la tortura y otros graves abusos, señaló HRW.
Desde abril de 2016, HRW ha entrevistado a víctimas de tortura; algunos fueron entrevistados fuera del país. La tortura y los malos tratos parecen haberse vuelto más generalizados, y las técnicas de tortura más brutales. Si bien, es difícil de determinar el número de personas torturadas por agentes de la inteligencia en todo el país, pero es más que probable que sea mucho más alto que el número de casos que HRW documentó. Por razones de seguridad, Human Rights Watch no puede hacer públicos los nombres de los entrevistados ya que están amenazados por los funcionarios de inteligencia. Los detenidos afirman que la sede de la SNR en el barrio de Bujumbura Rohero tiene celdas no oficiales, donde ocultan a los detenidos que han sido torturados de los observadores internacionales.
Las autoridades de Burundi deben buscar ayuda en las Oficinas de las Naciones Unidas para el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y de los organismos humanitarios para identificar a las víctimas de abuso que necesitan asistencia médica, y proporcionársela fuera de su lugar de detención, declaró HRW.
Imbonerakure, que significa «los que ven lejos» en kirundi, también son los responsables de numerosos abusos en todo el país, según Human Rights Watch. Los testigos aseguraron que, en algunos casos, imbonerakure parecía tener más poder que la policía.
En mayo, Human Rights Watch escribió a Etienne Ntakirutimana, el jefe de la SNR, que reporta directamente al presidente Pierre Nkurunziza, con preguntas sobre supuestos abusos, pero no recibió respuesta. Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública, Alain Guillaume Bunyoni, que supervisa a la policía, envió una respuesta de cinco páginas en la que escribió que era «impensable» que la policía pudiera haber maltratado a los detenidos y que sería un «grave error afirmarlo gratuitamente». Negó categóricamente que la policía colaborara con el Imbonerakure. Grupos armados de la oposición también han atacado a las fuerzas de seguridad y miembros del partido gobernante, como la policía e Imbonerakure.
El Consejo de Seguridad de la ONU debe establecer, con urgencia, una comisión internacional independiente de investigación y autorizar el despliegue de una fuerza internacional de policía en Burundi, dijo HRW. La policía internacional debe mantener su independencia y no prestar asistencia a las fuerzas de seguridad de Burundi. La comisión de investigación deberá tener experiencia en investigaciones criminales, judiciales y forenses y llevar a cabo investigaciones en profundidad con el fin de establecer la responsabilidad de los crímenes más graves. Debe centrarse en la tortura por los servicios de inteligencia y la policía, en particular el papel de los funcionarios de inteligencia y la policía de alto rango.
El mediador de las conversaciones entre los actores políticos de Burundi, el ex presidente de Tanzania, Benjamin Mkapa, debe dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos. Mkapa debe presionar a todas las partes para dejar de cometer abusos contra los derechos humanos. El presidente Nkurunziza es en última instancia responsable de la tortura por parte de los servicios de inteligencia y la policía nacional, por lo que debe tomar las medidas apropiadas».
El SNR tiene una larga historia de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otros abusos de los derechos humanos contra presuntos opositores al gobierno. Human Rights Watch ha publicado un patrón de tortura, por parte de la SNR, para obligar a los detenidos a confesar supuestos crímenes o para incriminar o denunciar a otros. Estas prácticas se hicieron más generalizadas, y las técnicas de tortura más brutales, tras el fallido golpe de Estado en mayo de 2015.
Un funcionario que tuvo acceso a la SNR, así como a los detenidos torturados en su sede, declaró que los funcionarios de la SNR evitaban que los detenidos que presentaban señales físicas de tortura fueran llevados a la oficina del fiscal. Un funcionario judicial también declaró que los magistrados de la oficina del fiscal público encargados de interrogar a los detenidos torturados en las instalaciones del SNR en Bujumbura, eran siempre leales al partido en el poder.
El Código de Burundi de Procedimiento Penal, en su artículo 34, establece que los detenidos pueden ser retenidos por un máximo de siete días, renovables una sola vez, antes de que los jueces decidan si deben ser puestos en libertad provisional o permanecer detenidos. Los detenidos deben tener acceso a un abogado, mientras estén en las instalaciones de la agencia de inteligencia, pero los abogados dijeron a Human Rights Watch que la SNR les impidió entrar en su sede.
Según la ley de Burundi, la policía debe obtener una orden de detención para detener a un sospechoso, a menos que la persona sea sorprendida en el acto (en flagrante delito). El ministro de Seguridad Pública, en su carta a HRW, dijo que ningún sospechoso fue detenido sin la orden judicial a excepción de aquellos que hayan sido capturados en el acto. Sin embargo, en la mayoría de los casos que Human Rights Watch documentó, la policía no logró mostrar la orden judicial para los detenidos.
El ministro de Seguridad Pública, en su carta a Human Rights Watch, afirma que la policía nunca ha recurrido a la tortura y que observa todos los procesos legales. Destacó la prohibición de la tortura en la Constitución de Burundi y los tratados internacionales y regionales que Burundi ha ratificado. Dijo que la policía ha recibido formación en derechos humanos.
El ministro también declaró que las alegaciones de demanda de dinero por parte de la policía a los detenidos o sus familias a cambio de su liberación era «una mentira», y que cualquier policía implicado en una extorsión se enfrentaría a «sanciones administrativas y penas severas». Sin embargo, admitió que sería «ilusorio» afirmar que la policía no comete errores y reconoció que más de 70 policías han sido procesados desde 2015, algunos por los «abusos cometidos durante la gestión del movimiento insurreccional» antes y después de las elecciones de 2015 y otros por delitos comunes. No dio detalles de estos procesamientos.
En los últimos años, según explicó Human Rights Watch, los miembros Imbonerakure han sido responsables de numerosos homicidios, palizas, amenazas y otros abusos contra presuntos opositores al gobierno. Imbonerakure a menudo opera junto a los servicios de la policía y de inteligencia.
La policía, en su brutal represión de las protestas en contra de la candidatura del Presidente Nkurunziza para un tercer mandato en 2015, utiliza a Imbonerakure en los barrios donde las protestas se están produciendo para identificar y seleccionar a los manifestantes. Los residentes de Bujumbura afirman haber visto a miembros de Imbonerakure con uniformes de policía o con uniformes militares y armados.
Desde febrero de 2016, HRW ha documentado varios casos de violencia por parte de Imbonerakure y detenciones en varias provincias. Víctimas, testigos y activistas de derechos humanos aseguran que la gente rara vez informan a las autoridades de los abusos de Imbonerakure por temor a las represalias. A pesar de no tener facultades legales de detención, con frecuencia Imbonerakure detiene a la gente y después de golpearlos se los entrega a los agentes de inteligencia para que los torturen.
Human Rights Watch (hrw.org)
Fundación Sur
