Los gobernadores de estado de Nigeria han respaldado la ejecución de más de 300 prisioneros condenados a muerte que esperan que se cumpla la sentencia, para dejar espacio libre en las superpobladas cárceles del país más poblado de África.
“Se ha acordado que las personas que hayan sido condenadas a muerte deben ser ejecutadas como corresponde”, declaró Theodore Orji, gobernador del estado de Abia, al sureste del país, después de la reunión de los gobernadores de los 36 estados celebrada en Abuja, el día 20 de abril.
Un total de 330 prisioneros están en el corredor de la muerte en un país donde la pena capital sigue en vigor, a pesar de que raras veces es puesta en práctica.
La última ejecución oficial data de 2002, pero Amnistía Internacional, que hace campaña contra la pena de muerte, dice que ha descubierto pruebas de que se están llevando a cabo ejecuciones secretas en las cárceles.
Los gobernadores, que tienen el poder de firmar órdenes de ejecución, dicen que el 80 % de la población de las prisiones de Nigeria está esperando el juicio y se deben hacer esfuerzos para “dejar marchar” a los que están cumpliendo prisión preventiva prolongada, según Orji.
Koyode Odeyemi, del servicio de prisiones de Nigeria, declara que 36.000 de los 40.106 internos están en espera de juicio.
El activista de derechos humanos Chidi Odinkalu, del la Iniciativa Abierta de Justicia Social, dice que en lugar de despejar el atraso en el corredor de la muerte, los gobernadores deberían investigar los métodos utilizados por la policía para combatir el crimen.
Investigación por torturas
“Existe un gran problema en Nigeria con la pena de muerte en espera. La policía no puede investigar adecuadamente. La única manera de investigación que tiene la policía es la tortura seguida de la confesión”, señaló Odinkalu, que es abogado.
“Esa es la razón por la que los gobernadores no pueden firmar las órdenes de muerte con la conciencia tranquila”, añadió.
En un incidente que pone el problema de relieve, ocurrido el día 20, dos internos fueron asesinados y otros 41, incluidos dos guardas, resultaron heridos en un motín de una hacinada cárcel del norte de Nigeria.
La prisión de Kaduna fue diseñada para albergar a 524 prisioneros, pero cuenta con un superpoblación de 790, según el jefe de prisiones de Nigeria, que añade que 530 de estos internos, está en espera de juicio. Los retrasos de los juicios, según él, y la congestión de las instalaciones, son los culpables del motín.
Grupos de derechos humanos dicen que algunos de los prisioneros han estado esperando su juicio 10 años.
Manfred Nowak, investigador especial sobre tortura de Naciones Unidas, ha pedido la inmediata liberación de 20.000 presos en Nigeria “ya que la mayoría ya han excedido la máxima pena posible relativa a los crímenes que supuestamente habían cometido”.
Castigo preliminar
Hablando en una conferencia de prevención del crimen y justicia social en Brasil, Nowak, que ha visitado Nigeria en varias ocasiones, dijo que “en demasiados países, la prisión preventiva… sirve de una especie de castigo preliminar para todos los criminales sospechosos que no tienen suficiente dinero para sobornar a policías, oficiales de prisión, jueces o fiscales corruptos”.
“La decisión de los gobernadores de Nigeria es lamentable porque los que están esperando su ejecución o juicio no son responsables de la superpoblación de las prisiones”, señaló en Lagos un abogado de derechos humanos, Festus Keyamo. “Los que están en el corredor de la muerte, deberían tener sus penas conmutadas.”
“Según nuestras leyes, los gobernadores tienen la prerrogativa de las misericordia para conmutar las penas de muerte por cadena perpetua. Esto es lo que deberían hacer los gobernadores en lugar de pedir la ejecución de los presos que están en el corredor de la muerte”, dijo Keyamo.
(News 24, 22-04-10)
