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Mella Márquez, José María

Catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de un gran número de libros e investigaciones especializadas en su área profesional e investigador de AMENET (África, Mediterráneo y Europa Jean Monnet Network de la Unión Europea), así como colaborador del CIDAF-UCM.

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Los gastos sociales en África, por José María Mella Márquez

24 de enero de 2017.

El propósito de estas líneas es analizar la incidencia redistributiva de los gastos públicos en educación y sanidad en el África subsahariana. Según la información disponible (Lustig, 2015), se consideran los casos de Sudáfrica y Etiopía, por estudiar dos situaciones relativamente representativas de esta área geográfica y por las limitaciones de los datos.

Las familias se clasifican por las rentas obtenidas por persona antes y después del pago de impuestos y de la percepción de transferencias (gasto social), y de este modo se puede conocer la situación de cada una de ellas en términos de pobreza y desigualdad. El análisis de la incidencia redistributiva o fiscal se hace comparando el llamado índice de Gini (que va de cero a uno, cuanto más cerca de cero mayores igualdades y cuanto más cerca de uno mayor desigualdad) de las rentas antes y después de impuestos y transferencias.

Los datos muestran que la reducción de la desigualdad en el año 2011 va de 17,5 puntos en Sudáfrica (el país con mayor desigualdad en la renta antes de impuestos) a 2.3 puntos en Etiopía (el país con menor desigualdad en la renta antes de impuestos), lo que permite decir que el sistema fiscal actúa como Robín Hood, el legendario bandido inglés medieval, que se apropiaba de las propiedades de los ricos para dárselas a los pobres. El resultado es que la desigualdad se reduce poco en Etiopía y mucho en Sudáfrica. Los individuos por debajo de la línea de pobreza (que ganan menos de 1,90 dólares por día) en Etiopía pagan más de lo que reciben por impuestos y transferencias; en cambio, en Sudáfrica, es justamente lo contrario, pagan menos, esto es, se benefician más.

La concentración del gasto en educación en Etiopía muestra que no es pro-pobres, ya que el 20% de los más ricos absorben el 34% de ese gasto; mientras que, en Sudáfrica, la concentración es más pro-pobres, porque el 20% de los más ricos absorben solamente el 19%.

La explicación de estos resultados es que en los países como en Etiopía de baja renta la mayor parte de la población es rural (80% del total), que tiene un bajo acceso a la educación. Aparte de que en Etiopía también se gasta una mayor proporción en la educación universitaria que tiene un efecto regresivo (esto es, los pobres se benefician mucho menos, porque en gran medida no llegan a ella).
En Sudáfrica, el gasto en preescolar y primaria es pro-pobres, mientras la educación universitaria tiende a ser más pro-ricos. La explicación podría estar en que las familias de renta media y alta no acuden a los niveles inferiores del sistema educativo público por su menor calidad y se benefician relativamente más de la educación universitaria, porque los pobres no acceden a ella por insuficiente preparación e inferior renta (son consecuencias de ser hijos de pobres).

En materia de salud, el gasto en Sudáfrica es un poco más pro-pobres (21% va al 20% más pobre) y comparativamente con Etiopía menos pro-ricos (25% es para el 20% más rico), mientras que en Etiopía se beneficia mucho menos a los pobres (el 20% de los más pobres acceden sólo al 18% del gasto) que a los ricos (el 20% de los ricos consigue el 38%). Este resultado se debe a que una gran proporción de la población en Etiopía es rural, por lo que en este país la provisión de los servicios de salud es mucho más costosa por la dispersión del hábitat y el acceso más difícil por el aislamiento de los poblados campesinos.

En consecuencia, los gobiernos con claros objetivos sociales debieran tener en cuenta los problemas de acceso y uso de los servicios educativos y sanitarios de los pobres, el grado de cobertura de los mismos por parte de la población, el nivel de calidad de dichos servicios (que puede afectar negativamente a la igualdad de oportunidades) y los perfiles específicos de las familias pobres (mayor número de hijos y peores condiciones de salud).

José María Mella Márquez

[CIDAF-UCM]



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