El gobierno de Kenia no pedirá al ministro de Finanzas y vice primer ministro, Uhuru Kenyatta, ni al Jefe del Servicio Civil, Francis Muthaura, que dimitan de sus cargos, a pesar de la decisión de los jueces del Tribunal Penal Internacional, de confirmar los cargos contra ellos, en relación con la violencia post electoral de 2007 y 2008, por su responsabilidad por la misma, según ha declarado el fiscal general, Githu Muigai, en rueda de prensa en Nairobi.
El fiscal general dijo que los dos sospechosos, acusados de perpetrar crímenes contra la humanidad, están acusados en su capacidad individual.
“Los cuatro sospechosos han indicado sus intenciones de apelar la decisión del la cámara previa al juicio del TPI. Vamos a esperar a que se pronuncie la cámara de apelaciones, y después aconsejaremos al gobierno en consecuencia, declaró.
Muigai dice que el gobierno esperará a los resultados de las apelaciones antes de determinar si destituir a los dos acusados que forman parte del gobierno actual o no.
“Los sospechosos van a apelar en calidad de individuos, el gobierno no puede hablar en su nombre ni decirles qué hacer”, añadió.
Los sospechosos deben presentar una apelación contra la sentencia en cinco días a partir del lunes, día 23 de enero de 2012, y después la apelación será determinada en 60 días.
El fiscal general también ha desvelado un panel de 10 hombres para asesorar al gobierno sobre la decisión de los jueces del TPI, confirmando los cargos de cuatro de los seis sospechosos kenianos.
La cámara previa al juicio del TPI confirmó los cargos contra los dos funcionarios que forman parte del gobierno y también contra el periodista de radio, Joshua Arap Sang y contra el parlamentario por la región de Eldoret Norte, William Ruto.
El tribunal no confirmó los cargos contra el ex ministro Henry Kosey y el ex comisario de policía, Hussein Ali, debido a la falta de pruebas que respaldaran las acusaciones.
Los sospechosos están acusados de ser los máximos responsables de la violencia post electoral en Kenia, cargos entre los que se incluye asesinato, expulsiones forzadas, violaciones, torturas y persecución.
(African Press Agency, 24-01-12)
