La población afrodescendiente en México sufre una “discriminación estructural” que la convierte en el sector más vulnerable e invisibilizada del país, según se declaró , en la presentación del Perfil Sociodemográfico de la Población Afrodescendendiente.
En el estudio, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en base a la Encuesta Intercensal 2015, se advierte que las tasas de analfabetismo, de acceso a la salud y de ingresos que tiene la población afrodescendiente –estimada en 1.38 millones de personas-, están por debajo de los índices que registran la población indígena.
En la presentación, los titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Alexandra Hass, se propuso una reforma constitucional para que así como se incorporó de manera expresa los derechos de los pueblos indígenas, sean integrados a la Carta Magna el término de población afrodescendiente.
Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, al presentar los principales hallazgos de la encuesta intercensal 2015, dijo que esta fue la primera vez que se realizó este trabajo para identificar el perfil de este sector de la población, que hasta este momento estaba invisibilizado.
Dijo que el 1.380.000 personas que se reconocieron como afrodescendientes conforman el 1.2 % de la población. Oaxaca, Guerrero y Veracruz son las entidades con mayor número de personas con descendencia afro.
Sobre los resultados de la encuesta intercensal, se encontró que mientras que las tasas de analfabetismo a nivel nacional es de 5.5 por ciento, entre la población afrodescendiente la cifra es de 6.9 por ciento.
En el tema de acceso a la salud, los datos revelan que a nivel nacional el 32.2 % de la población tiene acceso a los servicios del IMSS, mientras que en los cien municipios donde vive el mayor número de personas afrodescendientes apenas llega al 7% , lo cual repercute en el nivel de los ingresos.
Los funcionarios del INEGI, la CNDH y Conapred, señalaron que este tipo de información resulta esencial para el diseño de políticas públicas eficaces, dirigidas a este sector de la población.
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Fundación Sur
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