Las autoridades de Libia han aceptado paralizar la ejecución de los nigerianos condenados a muerte en Libia, pendientes de la determinación final del caso emitida por el Proyecto de Responsabilidad y Derechos Socioeconómicos, SERAP, ante la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, en Banjul, Gambia.
La decisión de Libia se produce después de una medida provisional tomada por la Comisión Africana, mediante la que ordenaba al gobierno suspender la ejecución de los nigerianos.
La comisión es el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los estados de sus obligaciones legales para la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Supuestamente hay más de 200 nigerianos condenados a muerte en Libia, por crímenes que van desde inmigración, hasta asesinato, pasando por tráfico de drogas y robo armado. La Comisión Africana pidió al gobierno de Libia que paralizase las ejecuciones y el presidente de Libia lo ha cumplido.
La abogada de SERAP presentó ante la Comisión Africana una comunicación, el pasado 6 de septiembre, alegando “serias, persistentes e irreparables violaciones del derecho de los acusados a la vida; a comunicarse con su embajada o consulado; a representación legal efectiva y competente; a un juicio en un tiempo razonable o la liberación; a la presunción de inocencia; a un intérprete o servicio de transcripción; a comparecer ante un tribunal imparcial e independiente y a la garantía de un juicio justo”.
Tras esta comunicación, la Comisión emitió la medida provisional de pedir la paralización de las ejecuciones de los nigerianos condenados a muerte. Según la ley Libia deberá evitar cualquier daño irreparable causado a las víctimas, hasta que la comisión africana termine de realizar su investigación para verificar la queja recibida.
(Daily Independent, Nigeria, 08-10-09)
