Este artículo se centra sobre las subvenciones a los combustibles, que representan un importante porcentaje del Producto Interior Bruto de los países africanos, lo que supone para los gobiernos una pesada carga fiscal difícilmente sostenible.
Dados los niveles de pobreza y desigualdad social en el África subsahariana, cabe preguntarse qué puede hacer la política fiscal para aliviar tales situaciones. Uno de los componentes de esta política es el de las subvenciones.
El análisis de datos recientes (Coady, Flamini y Sears, 2015) permite decir que las subvenciones a los combustibles presentan efectos negativos tanto sobre la desigualdad como sobre la pobreza. Las familias ricas reciben más subvenciones que las pobres, por su mayor consumo de energía. El grupo social de mayor renta recibe más de seis veces (46%) en subvenciones que el de menor renta (7%). Este desigual reparto es incluso mayor en la gasolina y el gas. En el caso del keroseno, a pesar de la importancia que tiene en la cesta de la compra de las familias pobres, las subvenciones siguen jugando a favor de la población con mayores ingresos (25% frente al 14%).
Aun así, los gobiernos se resisten a eliminar las subvenciones, justificando tal decisión en los negativos efectos que tendría en el aumento de precios de los combustibles, los perjuicios que estas elevaciones causarían sobre las rentas más bajas y, además, el descontento social que provocaría.
Como es sabido, las subvenciones contienen los aumentos de precios y su impacto sobre las familias. Se calcula que un aumento de 0,25 dólares por litro de petróleo reduce el consumo global en un 5% en los países del África subsahariana. No obstante, las diferencias entre países amplían significativamente este porcentaje. Este es el caso de Ghana, país en el que el impacto asciende al 17% como consecuencia del elevado consumo de keroseno (utilizado sobre todo en el rural para iluminación, cocina y transporte) y el bajo acceso de las familias a la electricidad.
En general, en los países del África subsahariana, el alto peso que tiene el consumo de productos energéticos, en particular, el keroseno, dentro de la estructura de consumo de las familias, hace que el impacto directo sobre el consumo familiar de las subidas de precios de este combustible sea entre dos y cuatro veces mayor que el que provocaría un aumento del precio de la gasolina, el gas y la electricidad.
Por otra parte, el impacto del aumento de precios del keroseno es socialmente negativo, porque el precio en las zonas rurales (donde vive una mayor proporción de pobres) es mucho mayor que en las urbanas (hasta un 35% por litro).
En consecuencia, la concentración de las subvenciones en los grupos de mayor renta implica que las subvenciones universales -café para todos, diríamos en España- no son sólo un instrumento fiscal costoso para los gobiernos, sino también inadecuado para proteger a las rentas de las familias pobres.
