Las fuerzas de seguridad kenianas están golpeando y deteniendo arbitrariamente a los ciudadanos y los refugiados somalíes en el norte de la provincia oriental de Kenia, que limita con Somalia, a pesar de las repetidas promesas para detener tales abusos.
El 11 de enero de 2012, en el último de una serie de incidentes documentados por Human Rights Watch desde octubre de 2011, las fuerzas de seguridad detuvieron y golpearon a unos residentes de Garissa, capital de la provincia, en un campo abierto dentro del recinto del campamento militar local.
«Cuando los militares pueden oprimir a los civiles a plena luz del día sin temor a repercusiones, está claro que la impunidad se ha convertido en la norma», dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. «Las repetidas promesas por parte de la policía y los militares para detener estos abusos e investigarlos se han quedado en nada”.
La policía de Kenia y los militares han sido responsables de un número creciente de graves abusos contra la población civil. Las Fuerzas de Defensa de Kenia entraron en el sur de Somalia, en octubre, con el objetivo declarado de eliminar a Al-Shabaab, una milicia islamista. El mismo mes, presuntos miembros simpatizantes de Al-Shabaab iniciaron una serie de ataques contra la policía, militares y objetivos civiles en Kenia.
En respuesta, los miembros de las fuerzas de seguridad han sido responsables de la violación, palizas, saqueos y detenciones arbitrarias de civiles. La represión se ha destinado principalmente a los refugiados somalíes y kenianos de etnia somalí, pero los residentes de otras etnias en el noreste de la provincia también han sido víctimas.
El incidente en Garissa el 11 de enero con ciudadanos de Kenia se relato a HRW por los protagonistas de la siguiente forma. Uno de ellos, Ali Ibrahim Hilole, estaba en una tienda en el campamento militar de la compra de artículos para un familiar hospitalizado cuando un militar le dijo: «¿Por qué estáis aquí? Porque sois al-Shabaab. «Los soldados lo obligaron a acompañarlos hasta el campamento, donde se le dio varios golpes y patadas.
Yusuf Mohamed Khalif, un conductor de camión de larga distancia, se detuvo en Garissa para tomar un refresco en su camino de Mombasa a Dadaab, donde iba a hacer una entrega de alimentos para el UNICEF. Estacionó su camión cerca del campamento militar, sin saber que el estacionamiento está prohibido allí. Un oficial militar lo obligó a ir al campamento, donde los soldados lanzaron un contenedor de 20 litros de agua sobre él, le obligaron a rodar por el suelo, le dieron patadas en el costado, y lo golpearon en la cabeza con la culata de un arma de fuego. Mohamed dijo a Human Rights Watch que uno de ellos afirmaba, «creo que es de al-Shabaab. Que nos está molestando en Somalia, y ahora que ha venido a molestar aquí”.
Los dos hombres, junto con al menos otras cinco a siete personas fueron detenidas y maltratadas de manera similar – la mayoría de ellos conductores de camiones, y todos ellos ciudadanos de Kenia – fueron puestos en libertad después de 30 minutos. No fueron interrogados o acusados de ningún delito.
Un investigador de Human Rights Watch intentó visitar el campamento militar para hablar con el oficial pero el personal militar negó la entrada a Human Rights Watch diciendo: «No hay derechos humanos aquí”.
El portavoz militar, el mayor Emmanuel Chirchir, dijo por teléfono desde Nairobi que los soldados que están de forma permanente en el campo militar estaban siendo interrogados por haber tratado de construir una estructura ilegal de venta de cosas fuera del campo. Chirchir dijo que no tenía conocimiento de los abusos, pero aseguró a Human Rights Watch que investigaría las denuncias.
Human Right Watch, 1 de enero de 2012.
Noticia enviada y traducida por Eva Estaun, española residente en Nairobi.
