Las empresas nacionales de Túnez, según algunos expertos, están en una situación muy difícil, haciendo frente a una tormenta de deuda, mala gestión, la pandemia del coronavirus y una década de inestabilidad política que podría conducirlas a la bancarrota. Diez años después de la revolución que derrocó al régimen nepotista de Zine El Abidine Ben Ali, los economistas radicales aseveran la necesidad de sanear las finanzas públicas.
La situación ha llevado a su límite a las 110 empresas nacionales del país. “Ahora no estamos hablando de reformas, sino de paquetes de rescate”, dijo el Ministro de Transporte a los periodistas la semana pasada.
El economista Hakim Ben Hammouda ha instado al gobierno a “declarar el estado económico de emergencia”. Entre estas empresas nacionales en apuros está la compañía nacional Tunisair, y un gigante de los fosfatos, que es uno de los mayores empleadores del país.
El exceso de personal ha dejado una partida de sueldos muy elevada. Tunisair, hoy, opera una flota de 26 aviones, de los cuales siete son operacionales, pero emplea alrededor de 7.600 personas. Además, la pandemia del coronavirus ha reducido el número de pasajeros anuales en más de dos tercios respecto del año pasado, con una facturación reducida en un 70 % comprado con 2019. La compañía tiene en la actualidad una deuda de 955 millones de dinares (348 millones de dólares) y tiene dificultades para pagar a los acreedores.
El mes pasado, un tribunal tunecino congeló temporalmente sus cuentas bancarias debido a los pagos pendientes a una operadora franco-turca. La aerolínea ya había considerado realizar despidos para reducir su partida salarial, pero esta propuesta ha tenido una fuerte oposición desde la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), que ha prometido prevenir cualquier movimiento hacia la privatización de la empresa. En febrero, la directora General de la aerolínea, Olfa Hamdi, fue destituida, tras dos meses en el puesto, después de haber filtrado documentos relacionados con el sindicato. En una publicación de Facebook, la joven ingeniera acusó al sindicato de haber bloqueado las reformas esenciales.
El fracaso de los fosfatos
La aerolínea no es la única empresa pública con dificultades para hacer frente a una excesiva partida de salarios. La Compañía de Fosfatos de Gafsa, creada durante la era colonial para explotar uno de los recursos naturales de Túnez, ha visto, en repetidas ocasiones, un cese completo a su producción debido a las manifestaciones donde se demandaba trabajo y una mayor inversión. En 2010, Túnez se encontraba entre los cinco mayores productores de este mineral, un ingrediente esencial para los fertilizantes artificiales y una fuente clave para los ingresos del Estado. A día de hoy, Túnez se encuentra en el puesto número 12.
El año pasado, la producción de fosfato alcanzó su nivel más bajo en los diez últimos años, con algo más de tres millones de toneladas, según el exministro de comercio, Mohsen Hassen. El país norteafricano se vio forzado a importar fosfato de su vecino, Argelia. Desde la caída del régimen de Ben Ali, los gobiernos sucesivos han creado miles de empleos de poca importancia en el sector público. Refiriéndose a la empresa pública de fosfatos, Hassen habló de un “efecto bola de nieve”. Incluso antes de la revolución “el gobierno trató de comprar la paz social contratando a gente para estas compañías, y esto no hizo más que exacerbar sus problemas”, según Ben Hammouda.
La necesidad de un “nuevo pacto social”
En una década de democracia, Túnez ha experimentado numerosas crisis y nueve gobiernos, impidiendo así cualquier tipo de estrategia económica a largo plazo. Como resultado, la deuda total de las empresas de titularidad pública ha alcanzado el 40 % del PIB, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Esto ha minado las finanzas estatales en su conjunto.
El martes de la semana pasada, el funcionario del FMI, Chris Geiregat, demandó controles más estrictos en las transferencias a “empresas públicas con una mala gestión”. En una rueda de prensa virtual, pidió una “estrategia de reforma que evaluara el rol de las empresas públicas en la economía, centralizando su supervisión, fortaleciendo la gobernanza corporativa, y mejorando la transparencia de sus finanzas”.
El exministro de comercio, Hassen, tenía otra receta para terminar con la crisis: “Un nuevo pacto social que definiera la orientación estratégica y económica del Estado y su papel para preservar estas instituciones”.
Fuente: The North Africa Journal
[Traducción y edición, Omar Benaamari Heidoued]
[Fundación Sur]
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