Kinshasa se resiste a firmar el marco económico mientras los rebeldes respaldados por Kigali consolidan avances territoriales y establecen un protoestado.
La presión aumenta sobre Massad Boulos, asesor principal para África del presidente estadounidense Donald Trump, tras el último revés en sus esfuerzos por acorralar a la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda a un acuerdo de paz y seguridad, respaldado por un acuerdo minero. La firma de un acuerdo de cooperación económica, prevista para el 3 de octubre, fue cancelada, y tanto Kinshasa como Kigali se culpan mutuamente de incumplir compromisos previos.
El acuerdo de paz de Trump depende de minerales, milicias y megavatios. El plan era acelerar las negociaciones para el acuerdo de seguridad minera. El entonces presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, y su homólogo ruandés, Paul Kagame, firmarían un tratado de paz en la Casa Blanca en el plazo de un mes. Esto no ocurrió, ya que las disputas entre Kinshasa y Kigali, junto con el Movimiento 23 de marzo (M23), respaldado por Ruanda, no están resueltas. Expertos de la ONU han señalado que los mayores obstáculos son la continua ofensiva del M23 en las provincias de Kivu, sumado a las presencias de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), así como de las diversas milicias que operan en la zona.
El M23 ha incorporado a otros 7.000 combatientes al grueso de las fuerzas que estaban impidiendo a las fuerzas de paz de la ONU entrar en las zonas bajo su control y denunciar abusos. Funcionarios de la ONU informaron de la muerte de más de 1.000 civiles en las provincias de Kivu Norte e Ituri durante el mes de junio. La zona de guerra se estaba extendiendo a pesar de las negociaciones entre funcionarios congoleños y representantes del M23 en Doha. Un equipo de facilitadores cataríes en Doha ha estado intentando negociar un acuerdo militar entre las autoridades congoleñas y el M23.
La misión del M23 es defender los derechos políticos y territoriales de los tutsis congoleños. Nada de esto parece creíble dada la ferocidad de los ataques del M23 y la rápida expansión del territorio bajo su control. El control de los abundantes yacimientos de minerales, como uranio, titanio y oro, justifica para el M23 toda violencia, que por ahora sigue construyendo un protoestado con su propia administración.
Desde la independencia, el Estado congoleño se ha enfrentado a la secesión y proclamación de la independencia de varias provincias del país, a veces durante varios años. Pero Kinshasa nunca ha aceptado estas secesiones ni los planes para un compromiso que permita un mayor federalismo. En cambio, ha enviado sus fuerzas a combatir a los secesionistas hasta que las provincias rebeldes han vuelto a estar bajo el control de Kinshasa. Incluso si el presidente Tshisekedi estuviera dispuesto a ceder parte del control en el este al M23/AFC, equivaldría a un suicidio político. Su legitimidad reside en gran medida en su defensa de la soberanía congoleña y su férrea oposición a lo que la sociedad congoleña considera el expansionismo de Kagame.
Lázaro Bustince
CIDAF-UCM
