La masacre nocturna de al menos 26 personas en la región de Beni ha sido perpetrada por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), afiliadas al grupo yihadista Estado Islámico, en la provincia de Kivu del Norte.
Las ADF, originalmente rebeldes ugandeses mayoritariamente musulmanes, han estado activas desde mediados de la década de 1990 en esta región del este de la República Democrática del Congo (RDC), donde han matado a miles de civiles.
En el otro extremo de la provincia, los combates que se habían intensificado desde principios de octubre entre los rebeldes del Movimiento 23 de marzo (M23) y los grupos armados progubernamentales se acercaban a unos veinte kilómetros al norte de Goma, una ciudad de más de un millón de habitantes bordeada por el lago Kivu. El M23 es una rebelión predominantemente tutsi que volvió a tomar las armas a finales de 2021 y se apoderó de grandes extensiones de territorio en Kivu Norte.
“La situación está empeorando cada vez más. Ambos bandos están intercambiando fuego de armas pesadas”, afirmó un residente, «Nos vemos obligados a huir«.
En esta situación, la coordinación humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) en la RDC estimó, recientemente, en cerca de 200.000 el número de personas que han tenido que huir de sus hogares desde el 1 de octubre en los territorios de Rutshuru y Masisi.
Una fuerza de África Oriental está desplegada en la provincia, pero, al igual que la ONU, es duramente criticada por Kinshasa, que la acusa de no obligar a los rebeldes a deponer las armas.
El este de la RDC ha estado plagado durante casi 30 años por la violencia de numerosos grupos armados, locales y extranjeros, muchos de ellos heredados de las guerras que ensangrentaron la región en los años 1990 y 2000. Estos enfrentamientos continúan para proteger el saqueo de los llamados “minerales de sangre” por los grandes poderes económicos.
Puede que el presidente Félix Tshisekedi se esté preparando para una campaña de reelección, pero los conflictos en las provincias orientales del país continúan y amenazan la soberanía nacional. Los rebeldes del M23, apoyados por Ruanda, han comenzado a administrar las tierras confiscadas cerca de la región de la triple frontera con Uganda.
Por ahora, las elecciones presidenciales y electorales nacionales todavía están fijadas para el 20 de diciembre, pero muchos activistas políticos y opositores sospechan que el gobierno aún podría cambiar el calendario. El ajuste más probable afectaría a las conflictivas provincias orientales del país, Kivu Norte e Ituri, ambas oficialmente bajo la ley marcial. La sospecha popular es que el gobierno citará la crisis de seguridad en las dos provincias como una razón para retrasar las elecciones allí, probablemente hasta mucho después de que se haya anunciado el resultado nacional, después de lo cual será demasiado tarde para que los votantes allí influyan de forma significativa en el resultado final.
Tshisekedi, como los Kabila, perpetua la dictadura del poder y el control final de los abundantes recursos naturales y minerales de la RDC, a costa del empobrecimiento de la mayor parte de la población.
CIDAF-UCM
