Las últimas elecciones de Mozambique, realizadas en el mes de octubre de 2024, fueron muy disputadas y desencadenaron manifestaciones en las que han muerto decenas de manifestantes, sobre todo en Maputo, capital del país, pero también en otros lugares.
El 9 de enero, el principal líder de la oposición de Mozambique, Venancio Mondlane, regresó a casa después de dos meses de exilio voluntario.
Al salir a las puertas del Aeropuerto Internacional de Maputo se arrodilló en el suelo agarrando una Biblia, ofreció una oración por su patria y se declaró «presidente electo del pueblo mozambiqueño, … elegido por la voluntad genuina del pueblo«.
En declaraciones a los periodistas, afirmó que el gobierno estaba perpetrando un “genocidio silencioso” al secuestrar y ejecutar a miembros de la oposición para ocultar irregularidades obvias en las elecciones del 9 de octubre. Lo que siguió fue un violento enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado y miles de manifestantes que habían acudido a mostrar su apoyo al predicador pentecostal de 50 años.
Las escenas caóticas de ese día en el aeropuerto fueron representativas de la sombría realidad poselectoral de Mozambique, caracterizada por protestas generalizadas contra el gobierno y una violencia estatal sin sentido.
Después de las elecciones, la Comisión Electoral de Mozambique (CNE) se apresuró a declarar al Partido Frelimo, que ha estado al mando del país durante 50 años, y a su candidato presidencial, Daniel Chapo, como los legítimos ganadores. Afirmó que Chapo ganó con más del 70 % de los votos y Mondlane, respaldado por la coalición Podemos, quedó en segundo lugar, con solo el 20 %.
Sin embargo, cuando el CNE anunció los resultados oficiales, varias misiones electorales independientes, entre ellas la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y la Conferencia Episcopal de Mozambique, ya habían llegado a la conclusión de que el proceso electoral que llevó a la victoria de El Chapo no fue ni libre ni justo. Denunciaron irregularidades durante el recuento y alteración de los resultados tanto a nivel local como distrital.
Mondlane y otras figuras de la oposición denunciaron inmediatamente los resultados electorales, exigieron una repetición de las elecciones y llamarón a sus partidarios a rebelarse contra el Frelimo. En respuesta, el gobierno del país ordenó una violenta represión de todas las expresiones públicas de disidencia.
Más de 300 personas, incluidos varios niños, han muerto en la violencia poselectoral en los últimos tres meses. Entre las trágicas pérdidas figuran Elvino Dias, representante legal de Mondlane, y Paulo Guambe, funcionario de Podemos, quienes fueron asesinados a tiros por asaltantes desconocidos en la capital, Maputo, en octubre. Fue después de estos asesinatos que Mondlane tomó la decisión de mudarse temporalmente al extranjero por su seguridad personal. La disputa sobre las elecciones también ha provocado un auténtico caos económico en Mozambique y en la región del África Austral.
Las frecuentes protestas a gran escala comenzaron a perturbar el comercio, mientras que el vandalismo y los saqueos se convirtieron en algo habitual, lo que sumió a la nación sudafricana en un estado continuo de grave incertidumbre, inquietud y malestar.
Muchas rutas comerciales vitales también se han visto afectadas, y el sector minero de Sudáfrica enfrenta pérdidas diarias de 10 millones de rands (562.822 dólares) y posibles cierres debido a las clausuras recurrentes del puesto fronterizo de Lebombo. Además, un motín en la prisión de Maputo el día de Navidad provocó la fuga de 1.500 prisioneros, lo que puso de relieve una falla crítica en la ley y el orden.
El 23 de diciembre, el Consejo Constitucional de Mozambique confirmó la victoria electoral de Chapo, extendiendo oficialmente el mandato de 50 años de Frelimo. Sin embargo, esta sentencia solo sirvió para intensificar la furia de los manifestantes. Al mismo tiempo que los mozambiqueños perdían toda confianza en la capacidad de los mecanismos internos de su país para garantizar la gobernanza democrática, comenzaron a buscar soluciones a la crisis imperante fuera de sus fronteras.
El 6 de enero, un grupo de organizaciones de la sociedad civil mozambiqueña envió un llamamiento extraordinario a la oficina del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, pidiéndole que interviniera para ayudar a superar el enfrentamiento entre Frelimo y la oposición.
Instaron a Ramaphosa a facilitar la participación de la Corte Africana de Justicia, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana para resolver la crisis.
No hay duda de que se trataba de una petición inusual. En lugar de dirigirse a la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC), el organismo regional que debería liderar cualquier esfuerzo externo para resolver las tensiones, los activistas mozambiqueños optaron por iniciar un compromiso bilateral con Sudáfrica, la principal democracia de la región. Esta demostración de desconfianza en la SADC ciertamente no fue sorprendente, pero subrayó aún más la necesidad apremiante de que el organismo regional mejore su desempeño.
Un día antes de que se presentara la petición en Pretoria, la Troika de la SADC responsable de los asuntos relacionados con la política, la defensa y la seguridad, que actualmente está compuesta por Tanzania, Malaui y Zambia, había convocado una cumbre virtual para discutir la situación en Mozambique. En la reunión, la troika pidió al Grupo de Ancianos de la SADC y al Comité ministerial que dialogaran con el gobierno mozambiqueño y con los principales dirigentes de la oposición.
Aunque se trató de un paso en la dirección correcta, es importante señalar que esta medida se tomó demasiado tarde y que muchos la consideraron como un intento de salvar las apariencias.
De hecho, la misión de observación electoral de la SADC, a diferencia de todas las demás, había respaldado con entusiasmo las elecciones del 9 de octubre, declarando que habían sido “organizadas profesionalmente” y se habían celebrado en un “ambiente ordenado, pacífico y libre”. A los ojos de la mayoría de los manifestantes, esta postura ya había demostrado que la SADC no puede actuar como árbitro objetivo y justo en esta crisis.
Los habitantes de la región, desde Zimbabue, Esuatini y Angola hasta la República Democrática del Congo, conocían desde hacía tiempo la tendencia de la SADC a hacer la vista gorda ante las graves irregularidades electorales y la opresión estatal. De hecho, en Mozambique también se había aprendido mucho antes de las últimas elecciones que no se debe esperar demasiado de la SADC en materia de protección de la democracia.
Hace cinco años, el anterior presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, apoyado por el Frelimo, había conseguido un segundo mandato tras declarar la victoria en las elecciones de 2019.
La oposición y varias misiones electorales independientes sostuvieron de manera similar que estas elecciones se vieron empañadas por irregularidades generalizadas, intimidación, violencia y asesinatos políticos. El cuerpo acribillado a balazos de Babula Jeque, líder de la Liga de Mujeres Renamo en Zumbo, fue encontrado junto al de su marido en la provincia occidental de Tete un día antes de que se emitieran los votos.
Al igual que actualmente, la SADC no hizo mucho para abordar el problema y continuó manteniendo relaciones cordiales con el gobierno de Frelimo.
Si la SADC quiere mantener alguna credibilidad y promover un cambio positivo en la región, no puede seguir comportándose con el gobierno de Frelimo como si todo fuera normal. Más importante aún, si la SADC –o incluso la Unión Africana– no intervienen rápidamente en la situación, Mozambique podría verse empujado a una crisis mucho más profunda y violenta que resultaría catastrófica para sus más de 30 millones de ciudadanos, así como para la región en general.
Durante 16 años, desde mayo de 1977 hasta octubre de 1992, Mozambique experimentó una devastadora guerra civil. Más recientemente, desde 2017, la provincia norteña de Cabo Delgado, rica en gas, se ha visto envuelta en una violenta insurrección que ha matado a más de 4.000 personas y ha desplazado a 946.000.
Mientras tanto, el país ocupa el puesto 183 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano 2023-2024 de las Naciones Unidas. Con una tasa nacional de pobreza del 74,7 %, es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo a pesar de la abundancia de recursos naturales.
Además, Mozambique está abrumado por una ausencia del poder público sistemática. En diciembre de 2022, Elisa Samuel Boerekamp, secretaria general de la Asociación de Jueces de Mozambique, dijo que su país se estaba enfrentando a “una crisis del Estado de derecho democrático”. Esto se produjo después de que el Frelimo promulgara la Tabla del Salario Único, una ley que debilitó la independencia de los jueces de tribunales inferiores.
Al mismo tiempo que se dan flagrantes intentos de socavar el Estado de derecho, la corrupción también está muy extendida en el país. El infame escándalo de la deuda oculta de 2.000 millones de dólares que involucra a funcionarios del Frelimo habría costado a Mozambique al menos 11.000 millones de dólares. La deuda oculta y las pérdidas colaterales provocaron una reducción sustancial de los gastos nacionales en salud, desencadenaron un aumento de la actividad insurgente en Cabo Delgado y agravaron la situación de pobreza de casi dos millones de personas.
En este contexto de crisis generalizada, si se deja que las heridas abiertas por las irregularidades electorales se agraven, podrían fácilmente sumir al país en un conflicto interno devastador.
Afortunadamente, por ahora, Mondlane y sus partidarios persisten en su creencia de que las elecciones, en lugar de la insurgencia, sirven como la vía más viable para promover el cambio, incluso frente a las muchas dificultades derivadas de la administración inescrupulosa e inepta de Frelimo. Sin embargo, no hay garantía de que otro grupo opte por seguir la misma estrategia en el futuro. En vista de la aparente falta de interés del mundo exterior en ayudar a los partidarios mozambiqueños de la democracia a enfrentarse al opresivo gobierno del Frelimo, la frustración y la desesperación de la población por un cambio no dejan de crecer.
Para evitar una futura catástrofe en Mozambique, la SADC debe ponerse las pilas ahora, dejar de apaciguar al partido gobernante y tomar medidas concretas para poner a Mozambique en el camino de convertirse en una verdadera democracia.
Los líderes de la región deben asegurarse de que Mozambique empiece a cumplir con sus obligaciones estatutarias, contenidas en los protocolos de la SADC.
El 15 de enero, Chapo juró como nuevo presidente de Mozambique. Uno de sus primeros actos importantes en el cargo fue destituir al jefe de policía Bernadino Rafael, a quien la oposición acusó de trabajar con grupos criminales para secuestrar y matar a manifestantes civiles tras las elecciones. El nuevo presidente parece estar trabajando para ganarse la confianza del público y hacer que las masas enojadas olviden y perdonen la violencia sancionada por el Estado que precedió a su ascenso al cargo.
Sin embargo, el pueblo no olvidará. Por eso, la SADC no debería olvidarse de nada. El organismo regional debe actuar ahora y establecer disposiciones para evitar que se repita lo ocurrido los últimos tres meses en el próximo ciclo electoral.
Si no lo hace, correrá el riesgo de volverse completamente irrelevante y condenar a Mozambique a ser reducido a un estado fallido en un futuro no muy lejano.
Fuente: Al Jazeera
[Traducción y edición, Jesús Zubiría]
[CIDAF-UCM]
