La plataforma Basta de Impunidad en Ruanda ha dado una rueda de prensa esta mañana para hacer pública la carta remitida hoy, día 7 de marzo, al presidente de Suráfrica y al portavoz del gobierno surafricano, en la que se pide, en base a razones legales, la extradición del ex general ruandés Kayumba Nyamwasa, que actualmente reside en Suráfrica, para ser juzgado por la muerte de un misionero y tres cooperantes españoles, además de por genocidio.
Los tribunales españoles tienen autoridad legal para juzgar crímenes internacionales, incluso cuando se han cometido en otros países, siempre que los mismos tengan una clara conexión con España. La muerte de nueve ciudadanos españoles brinda, funestamente, esta conexión.
La audiencia nacional, en 2008, acusó formalmente al ex alto mando del Frente Patriótico Ruandés, partido que gobierna Ruanda desde 1994, de la muerte del misionero español padre blanco Joaquim Valmajó, y de los tres cooperantes españoles de Médicos del Mundo, Flors Sirera Fortuny, Manuel Madrazo Osuna y Luis Valtueña Gallego. Los cuatro fueron supuestamente asesinados por “ordenes directas” del entonces general Nyamwasa, “o de sus inmediatos subordinados”. Según el auto del juez Andreu, “supuestamente decidió, ordenó y supervisó el asesinato” de los tres cooperantes españoles de MdM. Además, el auto detalla, sobre Nyamwasa en concreto, acciones que son consideradas crímenes contra la humanidad y genocidio de miles de personas de la etnia hutu, entre 1996 y 1997.
La rueda de prensa fue ofrecida por Susana Sanz, coordinadora de la Plataforma Basta de Impunidad en Ruanda, y por José Julio Martín Sacristán, director de la Fundación Sur y padre blanco. Ambos han explicado que su cita con la embajadora de Suráfrica, Magubane, no ha tenido lugar por no encontrarse los responsables diplomáticos surafricanos en Madrid.
La carta remitida al presidente Jacob Zuma cuenta con la firma y el apoyo de más de 40 organizaciones españolas e internacionales. Entre las organizaciones destaca el apoyo de casi la totalidad de la diáspora ruandesa y congoleña en Europa y América, que busca justicia en sus países, y el procesamiento de uno de los supuestos responsables de la inestabilidad en la región, es un buen comienzo. Incluso varias organizaciones civiles y de derechos humanos del África Central han firmado esta solicitud que materializa la intención de procesar a un supuesto criminal ruandés, en un tribunal competente. También han apoyado la carta los familiares de las víctimas españolas en Ruanda y la República Democrática del Congo y la organización Médicos del Mundo, para la que trabajaban los tres cooperantes asesinados, además del abogado Jordi Palau, principal representante legal de las personas y organizaciones que iniciaron el proceso legal que dio lugar al auto y órdenes de detención internacional contra 40 altos cargos del actual gobierno de Ruanda.
Susana Sanz, coordinadora de la plataforma comenzó diciendo que desde el pasado mes de junio, la organización civil trabaja por la difusión y visualización del auto del juez Andreu, de febrero de 2008, en la audiencia nacional, que está paralizado y sufriendo enormes obstáculos por parte de la diplomacia y los gobiernos tanto de España, como de Ruanda y sobre todo de Estados Unidos, hecho que ha quedado confirmado tras las recientes publicaciones de cables de Wikileaks filtrados al diario “20 Minutos”.
“Derivado de este auto de la audiencia nacional española, se lanzaron 39 órdenes de detención internacional, el imputado nº 40 es Paul Kagame, que goza de inmunidad diplomática por ser presidente de Ruanda. Ninguna de estas órdenes ha sido llevada a efecto, tras las filtraciones de wikileaks se puede comprobar el por qué”, destacó Susana Sanz. Kayumba Nyamwasa es uno de esos imputados, y es de conocimiento general su paradero actual en Suráfrica, donde sufrió un intento de asesinato el pasado mes de junio de 2010.
La plataforma ha realizado este esfuerzo de compilar apoyo para exigir al gobierno de Suráfrica “la aceptación de la petición formal de extradición de Kayumba Nyamwasa, realizada el 17 de septiembre del año pasado, y recibida el 22, por el consejo de ministros español”, que lo aprobó en pleno.
La petición enumera las razones legales para la extradición: los tratados internacionales que tanto España como Suráfrica han ratificado, en relación con la justicia universal.
Por su parte, José Julio Martín Sacristán, destacó lo sorprendente que es el vacío informativo que hay en España sobre este tema: “Es sorprendente que sólo dos periódicos pequeños se hayan hecho eco de los informes de wikileaks”, y lanzó un llamamiento “a la conciencia social española para que presione a los medios para que se hable y se ejerza influencia sobre el gobierno, con el fin de que éste reaccione a las acusaciones contra él. El gobierno debe responder a lo que se ha publicado, decir si es verdad o no, y explicar si las razones políticas que ellos aducen están realmente por encima de la justicia internacional y los derechos humanos.
“Solicitamos a todos los ciudadanos que escriban a sus periódicos para que presten más atención a este asunto y que se produzca un debate público”. “El gobierno debe responder ante los ciudadanos y sólo con la presión de estos mismos y los medios se verá obligado a hacerlo”, sentención Martín Sacristán.
Rosa Moro,
Fundación Sur, 07 de marzo de 2011.
