Los políticos de la oposición angoleña desafían al Ministerio Público a que investiguen y lleven ante la justicia a las figuras públicas del país acusadas de involucrarse en la desviación de cuarenta y un millones de euros en comisiones de contratos de suministro de material de origen español para la Policía Nacional en 2008.
Un juez español declaró que no había dudas en cuanto a la ocurrencia de pagos ilícitos a funcionarios públicos angoleños estando involucradas 27 personas, incluido un ciudadano luso-angoleño.
El ciudadano luso-angoleño, que vive actualmente en Luanda, fue identificado como Oliveira Taveira Pinto, y es objeto de un mandato de «búsqueda y captura » internacional por parte de las autoridades españolas
Taveira Pinto era supuestamente el gestor de todos los pagos ilícitos hechos a funcionarios angoleños y era conocido como «el comseguidor» de los contratos con Angola.
Entre los beneficiados del esquema de sobrefacturación al gobierno angoleño, estarían el antiguo embajador angoleño en España, Armando da Cruz Neto, el comisario jefe de la policía Ambrosio Lemos y varias personalidades españolas. El caso se deriva en la justicia española desde 2014 y las autoridades angoleñas nunca se pronunciaron oficialmente sobre el asunto.
Las autoridades españolas dijeron anteriormente que como beneficiarios de esos fondos figuran también acusados españoles y lo que llamaron «familiares de funcionarios públicos de la República de Angola».
La jurista y diputada de UNITA, Mihaela Weba defiende que si la justicia de angola pretende combatir la corrupción, deberá pedir que el proceso que envuelve al luso – angoleño sea enviado y juzgado a Angola al mismo tiempo que el de todos los demás indiciados.
La jurista señaló que la justicia angoleña «tiene dos pesos y dos medidas».
El vicepresidente de la Convergencia Amplia para la Salvación de Angola – Coalición Electora (CASA-CE) , Manuel Fernandes también se alinea en el mismo diapasón defendiendo que la corrupción no debe circunscribirse a gente sin importancia El parlamentario angoleño defiende que el combate a la impunidad ya la corrupción no se compadece «con el proteccionismo».
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española declaró anteriormente que dos empresas involucradas cubrían los gastos médicos y de alojamiento en Madrid de Ambrosio de Lemos, comisario de la policía nacional angoleña, de su esposa, Ana Freire, y de un pariente no identificado.
Según la prensa española, las autoridades policiales del país dijeron que Ambrosio de Lemos se embolsó tres millones de euros por ese contrato y su esposa recibió 15.000 euros.
Las autoridades de Luxemburgo, que detectaron las transferencias de millones de euros y airearon el escándalo, dijeron que hubo una transferencia de tres millones de euros a una compañía denominada Abangol, que se supone que es una compañía fantasma.
El juez dijo no tener ninguna duda de que las operaciones llevadas a cabo por la compañía española UTE Cueto-Defex en Angola «consistieron en conseguir contratos públicos para la empresa pública (española) Defex, mediante el pago de comisiones ilícitas a las autoridades y funcionarios públicos angoleños «, pero no se mencionaron nombres.
Sociedades ficticias
El juez José de La Mata, en su decisión señaló que Taveira Pinto era el responsable de «montar y gestionar una buena parte de la estructura de sociedades ficticias y preparar toda la clase de facturas falsas para dar cobertura a los pagos».
Taveira Pinto era también la persona que recibía los fondos retirados de los contratos para su posterior distribución.
Además de los 27 involucrados, el juez acusó también formalmente a tres empresas, en particular a Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach.
Todos fueron acusados de «apropiación indebida, blanqueamiento, falsedad y delito de organización de grupo criminal».
Entre los acusados se cuentan el antiguo director de la Defex José Ignacio Endinas y la abogada Beatriz García Paesa, que supuestamente a partir de Luxemburgo movía fondos para diversas cuentas a través del mundo.
Visita papal
Las acusaciones se refieren a un contrato de 2008 para suministro en material policial por valor de 152 millones de Euros, cuyo costo era en realidad de 59 millones de Euros.
Sólo una parte del resto se destinó a la empresa. El resto pagó a entidades y funcionarios angoleños ya los propios acusados españoles mediante una estructura compleja de empresas fantasmas.
Como consecuencia de las investigaciones en este caso, las autoridades españolas detectaron también irregularidades en el suministro de material policial de casi dos millones de euros a la Unidad de Seguridad Presidencial para la visita del Papa en 2009 y el suministro de otro material a la misma unidad en 2011
En sus investigaciones el juez hizo notar que la compañía Comercial Cueto pagaba los viajes de distintas personalidades angoleñas.
Fuente: Voa portugés
[Fundación Sur]
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