Las Naciones Unidas han documentado como “genocidio” los asesinatos que han resultado de las duraderas escaramuzas políticas en la República Democrática del Congo, acusando a los rebeldes tutsis y a las milicias congoleñas de crímenes de guerra marcados por el asesinato “sistemático” de civiles en la ciudad de Kiwanja, durante la escalada de los enfrentamientos, en pasado 2 de noviembre.
El comunicado de la ONU se produce apenas una semana después de que el organismo mundial anunciase el envío de un equipo de 16 personas a la República Democrática del Congo, para investigar los abusos de los derechos humanos, 11 años después de que 200.000 refugiados desapareciesen, después de una guerra continental que ha costado la vida a más de cuatro millones de personas.
La oficina del Alto Comisario para los Derechos Humanos ha recibido 2.3 millones de dólares para llevar a cabo una investigación de tres meses, para documentar las violaciones más serias de los derechos humanos y de las leyes humanitarias internacionales cometidas en el territorio de la República Democrática del Congo, entre marzo de 1993 y junio de 2003.
La ONU, en su última declaración, condenó los “asesinatos premeditados de civiles por grupos armados”, principalmente las fuerzas de Laurent Nkunda, que han asesinado a hombres, y a algunas mujeres, que se quedaron en Kiwanja, después de que los rebeldes tutsis ordenasen a todo el mundo que se marchase.
El jefe de la misión de Naciones Unidas en el Congo, Alan Doss, acusó a la milicia tradicional de los Mai Mai de crímenes similares contra los que identificaban como partidarios del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, CNDP, de Nkunda, pero, aparentemente no a la misma escala.
El domingo, los enfrentamientos se extendieron hasta Ngungu, con los Mai Mai combatiendo contra el CNPD. LA ONU dice que logró organizar un alto el fuego, tras casi seis horas de fuego cruzado.
La escala del apoyo del ejército angolano al del Congo no está claro todavía, pero parece que el ejército del gobierno se ha envalentonado con este apoyo. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que el conflicto se extienda aún más en el territorio africano.
El documento que ha sacado el nuevo equipo de Naciones Unidas sugiere que los perpetradores de crímenes de guerra puedan ser llevados ante la justicia, listando los objetivos para valorar las capacidades de la justicia nacional, para manejar este tipo de violaciones de los derechos humanos, según se vayan destapando.
Los oficiales han hecho un seguimiento de las mayores atrocidades hasta 1997, cuando los refugiados, hutus de Ruanda y Burundi, muchos de ellos mujeres y niños, se encontraban en los grandes campos de desplazados que se formaron en la frontera ruandesa después del genocidio de junio de 1994.
(African Press Agency, 10-11-08)
