
Museveni ha asegurado la primera refinería de petróleo en la provincia de Hoima, a orillas del lago Alberto, en Uganda, en un acuerdo firmado con los Emiratos Árabes Unidos. Esta refinería producirá 60.000 barriles por día, y el coste de la refinería será de 4.000 millones de dólares.
Uganda ha asegurado inversores para la refinería y para el oleoducto de 1.400 kilómetros, entre Hoima y el puerto de Tanga, en Tanzania. Algunos expertos dudan sobre la implementación de los dos acuerdos. Pero casi nadie habla del desplazamiento de miles de familias de sus tierras sin compensación, de los destrozos y daños ambientales que este proyecto causará al famoso parque nacional de Murchinson Falls.
Uganda planea construir una nueva refinería de petróleo de 60.000 barriles diarios en el distrito de Hoima, con Alpha MBM Investments LLC, una empresa de los Emiratos Árabes Unidos. Esta refinería se ubicaría cerca del lago Alberto, en la frontera con la República Democrática del Congo y el oleoducto está previsto para transportar 216.000 barriles diarios de crudo.
El proyecto petrolero de la empresa francesa Total Energies en Uganda sigue recibiendo críticas de diferentes organismos internacionales. Una nueva investigación, publicada inicialmente por Mediapart, revela que este megaproyecto no solo implica graves violaciones a los derechos humanos y un impacto ambiental desastroso. Se está revelando otra faceta del escándalo: este proyecto permite a Total Energies enriquecer directamente al menos a treinta miembros de la familia del dictador Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, en un esquema dictatorial, injusto y cruelmente egoísta.
Al analizar más de 12.000 documentos de empresas subcontratistas involucradas en el proyecto, la investigación demuestra que las inversiones de Total Energies benefician directamente a miembros de la familia del presidente Museveni, así como a asesores, ministros de Estado, altos mandos militares y figuras del partido gobernante: el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM).
Detrás del discurso oficial de desarrollo económico—frecuentemente utilizado para justificar el desplazamiento forzado de miles de familias—el proyecto parece ser ante todo una herramienta financiera clave para el régimen autoritario en el poder, consolidando el control de Museveni sobre la economía del país.
Una investigación realizada el año pasado por un organismo de control del gobierno sugiere que el país pierde el 40 % de su presupuesto anual por corrupción. Siete hoteles de lujo en Kampala y Entebe, así como los grandes centros comerciales de Uganda, son propiedad de la familia del dictador.
Según National Georgrafic, El oleoducto de casi 1500 kilómetros aportaría ingresos vitales para Uganda y Tanzania, pero perturbaría millones de vidas y el hábitat clave de la vida silvestre, por no hablar de su impacto climático. Con la actual dictadura, el bien común no significa nada
CIDAF-UCM


